BRASIL. Cientos de miles de manifestantes podrían reunirse a partir de este viernes en torno a la valla de un kilómetro que protegerá a la Explanada de los Ministerios, donde la cámara de diputados decidirá avalar o impedir el juicio político de la primera presidenta de la historia de Brasil.
Dilma Rousseff es acusada de utilizar dinero de bancos públicos para financiar programas sociales, es decir, de cubrir faltas administrativas. La práctica está prohibida y constituye un delito, de acuerdo con la ley de Responsabilidad Fiscal.
Las "maniobras fiscales" ya habían sido motivo de señalamientos a la mandataria. En 2014, el Tribunal de Cuentas de la Unión había reprobado las cuentas presentadas, lo que desembocó en la primera iniciativa para enviarla a juicio en octubre pasado. A finales de 2015, la deuda con el banco se aproximaba a los 60 mil millones de reales (16 mil 300 millones de dólares), que fueron abonados, por determinación del Tribunal de Cuentas, en diciembre pasado. La deuda alcanza cifras históricas en el uso de recursos de bancos por parte de los gobernantes de Brasil.
Se le acusa, asimismo, de expedir decretos que coadyuvaron a alterar los presupuestos, mismos que fueron firmados por el vicepresidente Michel Temer.
Rousseff señaló al diputado Eduardo Cunha por haber pasado el informe que ahora permitirá el avance de su proceso político, así como a Temer, quien podría obtener su cargo: "Están conspirando abiertamente, a plena luz del día, para desestabilizar a una presidenta elegida legítimamente", afirmó.
Su abogado, José Eduardo Cardozo equiparó la solicitud de destitución a un "golpe de Estado" y negó que las "faltas administrativas" constituyeran razones suficientes para impulsar su salida de la presidencia.
La cámara baja integrada por 513 diputados necesitará el voto de dos tercios de los funcionarios para avalar el juicio y pasarlo a los 83 senadores de la cámara alta, quienes por mayoría simple tendrán la última decisión.
Si el aval de los senadores pasa, la mandataria dejaría el cargo por 180 días para atender su juicio. Aunque el vicepresidente Temer, podría ocupar su cargo, también se encuentra bajo amenaza de juicio político por dar el visto bueno a decretos que beneficiaron a la presidenta para hacer las operaciones fiscales. Un audio supuestamente divulgado por error, registra al vicepresidente pronunciado un discurso presidencial.
Con información de Folha de S. Paulo,BBC,CNNy BBC
Más noticias en SanDiegoRed.com
Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter
Sígueme en Twitter
viviana.gomez@sandiegored.com
