MEXICO.- El presidente de México, Felipe Calderón, devolvió hoy al Congreso la Ley de Víctimas para que mejore varios puntos del proyecto, entre ellos que precise a nivel constitucional la responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno en la atención a este colectivo.
La iniciativa legislativa, enviada desde abril pasado al Ejecutivo para su promulgación, obliga al Estado a proteger, dar asistencia y reparar el daño a las personas que sufran ataques de la delincuencia o abusos por parte de las autoridades.
No obstante, Calderón pide ahora precisar varios puntos del documento con el fin de no dejar vacíos jurídicos, entre ellos que aclare que la atención de víctimas no es solo responsabilidad del Gobierno federal, sino también del nivel estatal y municipal.
Para el Ejecutivo, es "central" garantizar que "los tres órdenes de Gobierno, sin duda alguna, serán responsables de la atención de la víctima", señaló hoy en rueda de prensa el subsecretario de enlace legislativo del ministerio del Interior, Rubén Fernández.
"Si no contemplamos esto a nivel constitucional, podría terminar en que el único responsable sea el Gobierno federal", señaló.
Es necesario, dijo, "establecer con toda claridad la responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno, además de realizar ajustes técnicos a nivel constitucional que especifiquen los mecanismos para la reparación del daño a las víctimas".
El funcionario reconoció la urgencia de sacar adelante una norma que proteja a las víctimas en México, por lo que exhortó al Poder Legislativo volver a analizar el proyecto incluso en un periodo extraordinario de sesiones.
Los diputados aprobaron a finales de abril esta iniciativa, avalada antes por el Senado, y solo necesitaba la promulgación del presidente para entrar en vigor.
Con la devolución del Ejecutivo, los legisladores ahora deberán analizar las observaciones sugeridas, primero en comisiones y después en el pleno de ambas cámaras, en receso hasta septiembre, cuando empezará a funcionar el Congreso elegido el domingo pasado en las urnas.
El proyecto, reclamado por agrupaciones de víctimas de la violencia, obliga al Estado a garantizar la asistencia jurídica, médica y económica a este grupo, y reconocer su derecho a la verdad y la justicia, así como a un reparación integral de los daños.
Fernández dijo que el Gobierno ya inició pláticas con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia, sobre las observaciones a la iniciativa, y adelantó que legisladores y representantes del Ejecutivo se reunirán en las próximas semanas.
editorial@sandiegored.com
