CIUDAD DE MÉXICO. Similar a las notas con supuestos "spoilers" en donde nada es revelado (no lean eso fans del cine), así buscan dejar sin efecto la publicación de los montos detrás de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los funcionarios públicos, inscritas en la iniciativa ciudadana contra la corrupción, Ley 3 de 3.
Con 17 días de retraso y de manera parcial, los senadores de los partidos PRI y PVEM aprobaron en sesión extraordinaria la oficialmente llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas, con definiciones ambiguas y una manifiesta intención de omitir la información principal de las declaraciones: las cifras.
Sin embargo, los legisladores del PAN y el PRD defendieron la propuesta original presentada por un grupo de ciudadanos, los primeros indicando que debe presentarse de manera íntegra "sin dilusión" y los segundos argumentando que su voto en contra de la iniciativa modificada significa un respaldo a la versión legítima.
Las medidas no sólo buscan terminar con actos de corrupción a través de la visibilidad sino que explica cómo deben ser sancionados y determina las responsabilidades de los servidores públicos a través de la obligación de rendir cuentas.
Para evitar los desfalcos y que nuestros impuestos terminen siendo utilizados en la compra de millonarias residencias blancas en Chapultepec o para pagar luminarias que nunca se van a instalar (Tijuana, cof, cof), esta ley deberá ser aprobada en los próximos días.
Con información de
Aristegui Noticias y Radio Fórmula
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