San Juan, 1 sep (EFE).- El secretario de Justicia de Puerto Rico, Guillermo Somoza, pidió a los exgobernadores Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá evidencia de delitos en la disputa pública que mantienen sobre el destino de 1.000 millones de dólares adjudicados para la construcción de viviendas sociales.
Somoza hizo además hoy, a través de un comunicado, una petición pública para que cualquier persona aporte documentación sobre posibles irregularidades cometidas en el proyecto del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales, creado para dirigir la millonaria inversión.
El funcionario destacó que la información dada a conocer en los medios locales sobre posibles irregularidades en el uso de los fondos y las supuestas amenazas de Acevedo Vilá a Sila Calderón de sacar a la luz información comprometedora sobre el caso podrían requerir la intervención del Departamento de Justicia.
La prensa local continúa hoy en sus portadas con el caso del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales, creado en noviembre de 2002 gracias a una línea de crédito de 1.000 millones de dólares concedidos por el estatal Banco Gubernamental de Fomento.
El caso tomó relieve durante el pasado mes, cuando la actual directora ejecutiva del Fideicomiso, Ana García, dio a conocer que no quedaba dinero disponible y que, incluso, existe un déficit de 34 millones de dólares.
García dijo que se detectaron -tras asumir el cargo con la entrada de la nueva Administración, en enero de 2009- pagos por obras no realizadas, obras distintas a las contratadas y construcciones en las que no se respetó lo acordado.
La líder comunitaria Carmen Villanueva resaltó por su parte sobre la disputa entre los dos antiguos gobernadores que lo realmente importante es la situación de miles de familias puertorriqueñas a las que no se les entregaron las viviendas prometidas.
El diario "El Nuevo Día" recuerda en su edición de hoy que en 2004 cerca de 700 presidentes de juntas comunitarias que se iban a beneficiar de las viviendas sociales prometidas recibieron cartas firmadas por la entonces gobernadora Sila Calderón en las que se les informaba de las cantidades que recibirían sus vecindarios.
El rotativo sanjuanero indica que la carta es lo único que algunos líderes comunitarios recibieron y que muchas obras nunca se llevaron a cabo.
Calderón entregó esta semana a la fiscal federal de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, documentación sobre supuestas amenazas recibidas por Acevedo Vilá, ambos miembros del mismo grupo político, el Partido Nuevo Progresista (PNP), quien le habría amenazado de sacar a la luz información comprometedora sobre el destino de los 1.000 millones.
La exgobernadora atribuyó el fracaso del proyecto, en parte, a la eliminación del directorio de Comunidades Especiales, que informaba directamente a los gobernadores que la sucedieron -Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño- y que dejó de reunirse con las agencias gubernamentales para dar seguimiento a los proyectos.
Calderón se dirigió recientemente también al gobernador Luis Fortuño mediante carta para pedirle la puesta en marcha de una comisión que investigue el programa de comunidades especiales.
Los medios de comunicación de la isla se preguntan sobre el destino de los cientos de millones de dólares que teóricamente ya se desembolsaron para la construcción de viviendas sociales pero que nunca destinaron a ese fin.
La directora de la Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Departamento de Justicia (DJ), María del Carmen Rodríguez, remitió misivas a diferentes entidades gubernamentales solicitando documentación para poner en marcha una investigación de su departamento.
