México.- El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció hoy, jueves 12 de mayo, el relevo de todo el personal del organismo en siete estados mexicanos, como parte de un proceso de depuración iniciado luego de que indocumentados centroamericanos denunciaran que agentes migratorios son cómplices del crimen organizado.
El cambio se produce en el Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, entidades muy transitadas por los migrantes en su camino hacia Estados Unidos, informó la Secretaría de Gobernación (Interior), de la que depende el INM.
El ministerio indicó en un comunicado que los nuevos delegados tendrán que realizar de inmediato "una depuración del personal que labora" en las oficinas estatales y "robustecer la operación migratoria con estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes".
Fuentes gubernamentales explicaron que el proceso de renovación comienza con el titular de las delegaciones estatales, pero incluye a todos los trabajadores (cuyo número no fue precisado), quienes después podrían reincorporarse al organismo si pasan los exámenes de confianza.
El relevo se produce después de que varios centroamericanos rescatados en abril pasado por el Ejército denunciaran que agentes del INM los secuestraron cuando viajaban en un autobús rumbo a Estados Unidos y los entregaron al crimen organizado en el norteño estado de Tamaulipas.
Tras la denuncia, seis agentes migratorios identificados por los indocumentados fueron arrestados y se encuentran en manos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), encargada de la investigación.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones que los indocumentados que atraviesan el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos no solo son víctimas del crimen organizado, sino de las autoridades corruptas.
Además del relevo anunciado hoy, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, ordenó reforzar las evaluaciones de control de confianza al personal que trabaja en las principales zonas de tránsito de indocumentados, indicó la Secretaría de Gobernación, que estimó en más de mil 500 los funcionarios que serán examinados.
Estas evaluaciones brindarán "elementos para sancionar, en el corto plazo y con el mayor rigor, a los funcionarios que incurren en prácticas irregulares; violan los derechos de los migrantes; o mantienen vínculos con la delincuencia organizada", añade la nota.
El INM refrendó hoy su compromiso de actuar con apego a la ley y pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes, además de atender de inmediato cualquier denuncia sobre irregularidades o delitos cometidos por miembros del organismo.
Datos oficiales señalan que cada año unos 300 mil indocumentados, en su mayoría centroamericanos, cruzan por los mil kilómetros de frontera que comparte México con Guatemala y Belice para tratar de llegar a Estados Unidos.
