Prevalecen ataques y riesgos para los casi 500 mil migrantes centroamericanos indocumentados que cada año intentan llegar a Estados Unidos o quedarse en suelo mexicano a laborar.
Javier Urbano, coordinador de la maestría en Estudios sobre Migración en la Universidad Iberoamericana, advierte que "todos se aprovechan de ellos" y para el mexicano promedio "no son nadie, son menos que nada".
Al año, son más de 100 mil delitos de alto y bajo impacto. En Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Baja California y Tamaulipas se concentran desapariciones, asesinatos, violaciones, mutilaciones, trata y tráfico de personas, secuestro y extorsión, detalla el Dr. Urbano.
Un tercio de los delitos son cometidos por agentes del Estado o vinculados a las autoridades: el Instituto Nacional de Migración (INM), las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, policías municipales y estatales. El narco y las pandillas hacen el resto.
Además, la medida del gobierno de inhibir el recorrido por "La Bestia", los ha obligado a ir por rutas más complejas, lejos de los 67 a 70 albergues asentados cerca de las vías del tren, agregó Urbano.
La deshumanización y el abuso viene desde abajo: una botella de agua que a los mexicanos les cuesta 10 pesos, para el migrante se cotiza en 50. Los maquinistas "permiten" que delincuentes suban a robar o a cobrar el "impuesto de guerra" (100 dólares por persona). A quien no paga lo lanzan del tren.
La ruta más peligrosa es la del Golfo, donde operan Los Zetas y el Cártel del Golfo, que han hecho del negocio migrante un mercado alterno al tráfico de drogas. Quienes caen en sus manos se convierten en piezas del crimen organizado.
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