Al irse multiplicando las acusaciones de abusos a los derechos humanos por parte del cuerpo militar mexicano durante los últimos cinco años y medio, un nuevo informe sugiere una supervisión civil sobre estos casos así como recomendar acciones legislativas para asegurar que esto suceda.
El Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego (TBI) publicó hoy reporte en donde exhorta al presidente electo, Enrique Peña Nieto, y al nuevo Congreso del país a secundar una revisión al código de justicia militar de México.
"El actual sentido de impunidad dentro de las fuerzas armadas sólo empezará a disminuir cuando el personal militar sea sujeto a las consecuencias de su incurrimiento en violaciones de los derechos humanos" afirma el documento. "La histórica autonomía de la que ha disfrutado el ejército mexicano, sumado a los altos niveles de autoridad en relación al público, crea un ambiente de impunidad que ha sido perpetuado por el gobierno mexicano y la indisposición (militar) a promulgar una reforma judicial".
El informe de 49 páginas sigue los crecientes números de acusaciones contra las fuerzas militares de México presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una institución pública independiente del gobierno federal mexicano. También pide que se reduzca la dependencia hacia el ejército en la lucha contra el tráfico de drogas, aumentar el adiestramiento del personal judicial y militar en materia de derechos humanos además de conceder autoridad a la CNDH para, en ciertos casos, llevar la acusación en casos de violación de derechos ante los tribunales federales.
Desde que el presidente Felipe Calderón asumió el cargo en diciembre de 2006, la CNDH ha emitido 101 reportes sumamente detallados, que llama recomendaciones, en casos que involucran a miembros del ejército mexicano y 17 que implican a la marina mexicana. El informe del Instituto Transfronterizo analiza las recomendaciones de la Comisión considerando la posición geográfica, el género y edad de la víctima así como el tipo de abuso cometido incluyendo daño físico, detención ilegal, tortura, trato inhumano y pérdida de vida.
Cerca de un tercio de los casos de la armada mexicana sucedieron en el estado de Chihuahua en la frontera con Texas, mientras que sólo dos incidentes se registraron en Baja California.
Las quejas contra el ejército se han disparado dramáticamente desde que Calderón desplegó decenas de miles de tropas hacia centros de tráfico de drogas en todo el país después de convertirse en presidente.
En el 2006 la CNDH recibió 182 quejas contra militares; para el 2009 el número había subido a 1,800 y en el 2011 hubo 1,626. Hasta mayo 03 de este año, hay 479 quejas.
