Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República, ofreció una disculpa pública a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por ser acusadas indebidamente de secuestro en el año 2006.
Las mujeres fueron declaradas inocentes de haber secuestrado a elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) hace 11 años. Las tres indígenas otomíes fueron detenidas y pasaron tres años en prisión por un delito que no existió.
"Ante ustedes reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron", dijo el procurador.
Señaló que a pesar de no haberse podido probar un delito contra las indígenas se determinó su culpabilidad y estuvieron encarceladas por lo que "ningún acto público podrá regresarles el tiempo perdido".
Cervantes Andrade aseguró que un tribunal determinó que Alberta, Jacinta y Teresa tenía razón sobre su inocencia, y que la "PGR hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó un daño moral".
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