México.- El presidente de México, Felipe Calderón, pidió este jueves 30 de junio el compromiso de los gobernadores estatales contra los delitos de mayor impacto social, en tanto que estos le solicitaron más recursos para luchar contra el secuestro, el robo y la extorsión.
"No es un tema nada más de voluntad, también de recursos", afirmó el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y alcalde capitalino, Marcelo Ebrard, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El mandatario había propuesto un pacto para perseguir los delitos del fuero común, que representan el 90 por ciento de los que se cometen diariamente en México. La gran mayoría -un 84 por ciento- son robos.
"Mientras más crimen, más impunidad, y mientras más impunidad, más crimen", puso de relieve en el discurso que abrió la sesión del Consejo, que evalúa periódicamente los avances en el cumplimiento de un acuerdo por la seguridad firmado en 2008.
El organismo está integrado por los tres poderes del Estado y cuenta con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes civiles.
Ante el exhorto, Ebrard le propuso hacer partícipe a los estados del combate de las instituciones federales contra el lavado de dinero y al tráfico de armas, así como crear un registro biométrico de extranjeros vinculados al crimen organizado.
Propuso también impulsar el control del crecimiento de adicciones -uno de los objetivos principales de Calderón- y acelerar la integración de los jóvenes a la educación media y superior, donde habitualmente se produce el abandono escolar.
Todo ello precisa de recursos, por lo que solicitaron estudiar con la Secretaría de Hacienda las cantidades necesarias para cumplir objetivos y las posibilidades de financiación.
El Ejecutivo federal chocó hace unas semanas con los gobernadores cuando reveló los datos sobre controles de confianza a mandos policiales y de gobierno en los estados, que evidenciaron una falta sustancial de cumplimiento de compromisos.
Poco después, la Conago lanzó un operativo en todo el país con más de 310 mil policías estatales y municipales, que produjo casi cuatro mil detenciones y recuperó más de mil 500 vehículos en la semana que permaneció activo.
Uno de los temas candentes de la reunión fue el delito de secuestro, al respecto del cual la fiscal federal, Marisela Morales, presentó un plan específico para atacarlo.
Entre las medidas que contempla, están la creación de unidades policiales especializadas, articular una plataforma tecnológica de apoyo, crear un organismo de control y vigilar el cumplimiento de las directivas por los funcionarios.
Tras ello, la activista Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, destacó el aumento del 18.6 por ciento en la incidencia de este delito y regañó severamente a los gobernadores por maquillar las estadísticas, que calificó de "incongruentes".
"Baja California Sur, un desastre de cifras, no sabemos de dónde salen procesados si no hay secuestros; Michoacán, casi no hay trabajo; Quintana Roo, como siempre hasta atrás, Coahuila pésimo…", reprochó.
No coinciden sentenciados, procesados y denuncias, destacó; en algunos casos no se abren denuncias sino actas circunstanciadas, que no computan, agregó la activista.
Como respuesta a las "afirmaciones preocupantes" contenidas en el informe de la activista, Ebrard le cuestionó no haber recibido el informe. "No sabemos cuál es la fuente de información", interpeló.
"La dieron ustedes, cada estado la dio en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (…), puse la información en cada una de sus carpetas", contestó su interlocutora.
