TIJUANA.- Es como una máquina de combustible cuyos números no se detienen porque se ha dejado abierta la llave de gasolina.
Oficialmente la Procuraduría General de la República (PGR) ha contabilizado 47 mil 515 muertes de diciembre de 2006 a septiembre de 2011.
Sin embargo esas cifras no contemplan alrededor de 4 mil homicidios reportados por fiscalías estatales y medios de comunicación de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Baja California, entre otras, de octubre a diciembre del año pasado.
Tampoco incluye a los miles de desaparecidos familiares de las víctimas creen que fueron asesinados y tirados en fosas clandestinas durante los últimos cinco años.
De acuerdo a Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el mayor movimiento ciudadano de víctimas de la violencia en la historia reciente de México, podrían ser unas diez mil personas "levantadas" o desaparecidas.
La serie de homicidios, publicada el miércoles 11 de enero en el portal www.pgr.gob.mx, corresponden al periodo de la guerra contra los cárteles del narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón.
En un comunicado, la PGR señaló que el 70 por ciento de las muertes por sus características podrían "haber ocurrido en el contexto de rivalidad entre organizaciones delincuenciales".
Según la PGR, 2011 es el primer año en que el crecimiento de la tasa de homicidios es significativamente menor en comparación con lo observado en los años anteriores.
"A septiembre de 2011 en contraste con 2010, hubo un crecimiento en el número de homicidios de aproximadamente un 11 por ciento; mientras que para el comparativo 2009-2010 fue del 70 por ciento; del 2008-2009, del 63por ciento; y del 2007-2008, del 110 por ciento", indicó la dependencia.
En diciembre de 2010, la federación había dado a conocer que tenía oficialmente 34 mil 612 homicidios en el país durante la guerra contra el narco; de enero a septiembre del año pasado tenían 12 mil 903 asesinatos.
El número de muertes en México ha abierto un añejo problema de procuración de justicia en México, porque miles de estos casos todavía siguen impunes.
Un informe de Human Rights Watch (HRW), titulado "Ni seguridad ni derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en 'La guerra contra el narcotráfico en México'", publicado en noviembre pasado, señaló que la política de seguridad pública en el país está fracasando.
"No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos que casi nunca se investigarían adecuadamente", apunta el informe. "En vez de fortalecer la seguridad pública en México, la 'guerra' desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país".
El organismo también dice que las instituciones de procuración de justicia en México alimentan el clima de impunidad, pues raramente rinden cuentas, han abandonado los casos de familiares de los desaparecidos y se aceptan rutinariamente las versiones oficiales.
Es habitual que agentes del Ministerio Público militar y civil no lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales de casos donde existen indicios de que civiles habrían sido sometidos a graves abusos.
HRW dice que documentó falencias sistemáticas en las investigaciones sobre tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que han impedido que soldados y policías rindan cuentas por sus actos ante la justicia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado un aumento en la cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las corporaciones militares y policiacas.
Entre 2003 y 2006 la CNDH recibió 691 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles; esta cantidad aumentó a 4 mil 803 en el periodo entre 2007 y 2010.
Las investigaciones de HRW exponían 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales, además de comprobar que, en casi todos los casos, la única prueba ofrecida por las autoridades respecto de la culpabilidad de los detenidos eran declaraciones incriminatorias obtenidas después de sesiones de tortura u otros abusos.
"No parecían existir pruebas independientes que corroboraran estas declaraciones obtenidas mediante coerción, ni resulta claro en función de qué pruebas se determinó que existía sospecha razonable para detener a estas personas", indicó HRW.
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