El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó el lunes 6 de febrero de 2026 una demanda federal contra la administración de Donald Trump por planear de manera ilegal recortar más de 600 millones de dólares en subvenciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con la posibilidad de que haya más recortes en el futuro.
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De acuerdo con un comunicado oficial, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos notificó al Congreso su intención de cancelar las subvenciones únicamente en cuatro estados de mayoría demócrata: California, Colorado, Illinois y Minnesota. Las subvenciones específicas financian infraestructura esencial de salud pública, laboratorios, programas de prevención y tratamiento para enfermedades graves como el VIH, así como la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.
Entre los cuatro estados, California se enfrenta a la mayor parte de los recortes de financiación propuestos, mientras que los otros estados recibirían menos. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, alega que los recortes perjudicarían irreparablemente a los estados y están motivados por animosidad política, no por criterios de salud pública.
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El Fiscal General Bonta declaró que la administración Trump está recurriendo a “una estrategia familiar” y está utilizando fondos federales para obligar a los estados a seguir su agenda política. Agregó:
“No nos vamos a quedar callados mientras se recortan fondos esenciales de salud pública por motivos políticos.”
La demanda busca proteger los fondos federales destinados a la salud pública y garantizar que los programas críticos no sufran interrupciones que puedan afectar a millones de personas en los estados afectados.