Inmigrantes que se dedican a vender comida, flores y demás productos en aceras de California se han convertido en el blanco perfecto del ICE, por lo que algunas de las entidades con líderes demócratas, tales como California, ya han puesto cartas en el asunto.
Tan solo la semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una nueva ley que al igual que otras lanzadas para proteger a estudiantes y pacientes de hospitales, se centra en atender a vendedores ambulantes.
Esta reforma prohíbe a gobiernos locales preguntar sobre el estatus migratorio de los vendedores, exigir huellas dactilares o divulgar información personal, como nombre, dirección, fecha de nacimiento, identificadores de redes sociales, números de teléfono y/o licencia de conducir, entre otras cosas, sin una citación judicial.
Entrando en vigor el 1 de enero del 2026, dicha ley fue lanzada a raíz de la preocupación generada por agentes federales de inmigración, en relación a la posibilidad de que éstos pudieran acceder a las bases de datos de vendedores que se encuentren en manos de los gobiernos locales, con el propósito de detenerlos o reportarlos.
“Estamos hablando realmente de seguridad —seguridad para los negocios, seguridad para los seres humanos, seguridad para las personas que han pasado por tanto”, señaló Sergio Jimenez, organizador de vendedores ambulantes con la organización sin fines de lucro Community Power Collective en Los Ángeles.
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