Tras la renuncia formal de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, el presidente del organismo Roberto Lyle Fritch, aclaró la postura de la institución respecto a la pugna por los recursos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).
De acuerdo con el dirigente, el conflicto no radica en una retención indebida, sino en una discrepancia técnica sobre la distribución de fondos de cámaras cuyos registros se encuentran actualmente en trámite ante la Secretaría de Economía.
Durante una rueda de prensa convocada para abordar el tema, Lyle Fritch señaló que los recursos están listos para ser entregados, pero que la cámara de comercio no ha accedido a recibirlos bajo las condiciones actuales:
“Él ha manejado que de alguna manera los recursos del SIEM no se le han entregado, los cuales no ha querido recibirlos prácticamente, derivado a que quieren los recursos de las demás cámaras que de alguna manera no están registradas por el SIEM”, así indicó Lyle refiriendose al presidente de CANACO.
Lyle Fritch enfatizó que la administración del SIEM por parte del CCE no es una medida reciente, sino un esquema de colaboración solicitado por las propias cámaras que opera desde el año 2011. Según el dirigente, este mecanismo ha permitido una distribución ordenada de recursos basada en los registros y giros de cada organismo, funcionando durante más de una década sin controversias legales.
La postura de CANACO
Tras las declaraciones del CCE, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tijuana, encabezada por Olivaldo Paz Gómez, sostuvo que la separación del organismo no es una disputa personal, sino una decisión colegiada respaldada por su Consejo y expresidentes.
Paz Gómez fue enfático al señalar que el núcleo del conflicto es la “captación indebida” de recursos del SIEM, argumentando que el CCE carece de la autorización legal por parte de la Secretaría de Economía para administrar dichos fondos.
“No es una decisión tomada a la ligera, es una decisión que responde a hechos documentados y a una situación que no podemos normalizar. Estamos hablando de la captación indebida de los recursos a través de un convenio donde el CCE no está autorizado por la Secretaría de Economía y tampoco está tutelado para recibirlos”, declaró.
La ruptura institucional se selló tras una serie de intentos de mediación que, según la CANACO, resultaron infructuosos. Olivaldo Paz Gómez detalló que se entregaron tres oficios formales; el último de ellos, presentado el jueves pasado, establecía un plazo de 24 horas para una respuesta favorable. Ante la falta de acuerdos, la cámara procedió con la separación definitiva y advirtió que buscará la restitución de los fondos por las vías legales correspondientes.
El conflicto económico se centra en las condiciones de entrega de los recursos. El dirigente de los comerciantes denunció que el CCE pretendía retener un 20% de comisión por gastos de administración, además de deducir 200,000 pesos destinados a la CANACOPE (Cámara Nacional de Comercio en Pequeño).
Para la CANACO, aceptar este esquema resultaría en una irregularidad, pues sostienen que la CANACOPE no cuenta actualmente con la autorización de la Secretaría de Economía para recibir fondos del SIEM.
“No vamos a permitir que lo que corresponde a los empresarios de Tijuana se mantenga en la opacidad o fuera de la ley. Esto no es un tema personal, es un tema de legalidad y de respeto al esfuerzo de miles de empresarios”, sentenció Paz Gómez.
Con la salida de la cámara con mayor número de afiliados, el CCE enfrenta un reto de representatividad, mientras que la CANACO apuesta por una ruta legal para recuperar los recursos que considera suyos.
