El C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, fijó su postura frente a la eventual reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), asegurando que el debate debe centrarse en fortalecer la autonomía del árbitro electoral. Agregó que con los planteamientos de modificación al órgano electoral, se podría afectar tanto la vida democrática del país como la estabilidad económica y la confianza en México.
“El INE no es una concesión política ni una dependencia subordinada al poder, es el árbitro de nuestra democracia, y su autonomía es una garantía ciudadana, no un privilegio institucional”, afirmó.
El líder empresarial recordó que gracias a la autonomía y profesionalización del órgano electoral, México ha vivido alternancias pacíficas y procesos reconocidos nacional e internacionalmente, resultado de décadas de construcción institucional con reglas claras y contrapesos.
Señaló que reformar no es negativo en sí mismo, siempre que el objetivo sea mejorar eficiencia, fortalecer capacidades técnicas o reducir duplicidades, sin embargo, advirtió que cualquier intento por concentrar decisiones o politizar su integración representaría un retroceso democrático.
“Si la reforma fortalece, contará con respaldo, pero si debilita la autonomía o concentra poder, encontrará una sociedad vigilante y firme”, subrayó el presidente del organismo cúpula.
Lyle Fritch enfatizó que la estabilidad democrática tiene impactos directos en la economía, pues sin confianza en las elecciones no hay legitimidad en los gobiernos, y sin legitimidad se afecta la inversión, el empleo y el desarrollo social.
Asimismo, apuntó que las democracias no se erosionan de manera abrupta, sino de forma gradual, cuando se relativizan los contrapesos institucionales y se normaliza la concentración de poder.
En ese sentido, el dirigente hizo un llamado a que cualquier modificación al sistema electoral surja del consenso amplio, del análisis técnico y de la participación ciudadana, y no de coyunturas políticas o mayorías circunstanciales.
“La democracia no es patrimonio de un gobierno ni de una fuerza política, es patrimonio de la nación, por lo que hoy debemos defender la certeza jurídica y el equilibrio institucional, no por ideología, sino por responsabilidad con el futuro de México”, concluyó.
