El gobierno de China lanzó este jueves una fuerte advertencia al Gobierno de México tras la aprobación por parte del Senado mexicano de un paquete de aranceles que van hasta el 50% para más de 1,400 productos importados desde países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, entre ellos China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
Ante este hecho, un portavoz del Ministerio de Comercio de China, Pekín expresó su oposición frontal a los nuevos gravámenes, calificándolos de “unilaterales y proteccionistas” y solicitó a México que corrija estas prácticas “lo antes posible”.
El vocero advirtió que si los aranceles entran en vigor, “dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China” y podrían tener efectos negativos sobre la relación económica y comercial bilateral, que hasta ahora había mostrado un crecimiento significativo en los últimos años.
Además, el Ministerio chino afirmó que no sólo vigilará la implementación de las nuevas tasas, sino que también evaluará el impacto que puedan tener y adelantó que ya existen investigaciones sobre posibles barreras comerciales y de inversión entre ambas naciones que se están llevando a cabo desde septiembre.
China llama al diálogo y a proteger la cooperación bilateral
Pekín hizo un llamado a México para intensificar la comunicación y el diálogo económico, con el argumento de que ambos países deben manejar las diferencias comerciales de manera responsable y “con sentido de cooperación”, con el fin de preservar la salud de una relación que consideran valiosa para ambas economías.
Fuentes chinas subrayaron que, en un contexto global que está marcado por tensiones comerciales, esperan que México sea produente y no sacrifique los intereses de sus socios comerciales por decisiones que podrían interpretarse como proteciconistas.
Reacción de México y sus medidas económicas
Por su parte, el gobierno mexicano, representado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard ha defendido los aranceles como una medida económica legítima que busca proteger la producción nacional y corregir distorsiones comerciales, y no como una acción dirigida específicamente contra China u otra nación en particular.
