Ciudad de San Diego demanda al gobierno federal por construcción de barrera fronteriza

Ciudad de San Diego demanda al gobierno federal por construcción de barrera fronteriza

De acuerdo con la demanda, la instalación se realizó sin autorización legal y ha provocado daños ambientales en la zona.

Por San Diego Red el enero 7, 2026

La Ciudad de San Diego presentó una demanda contra el gobierno federal para detener la construcción no autorizada de una barrera fronteriza con alambre de púas.

La valla se construye en terrenos propiedad del municipio, ubicados en Marron Valley, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con la ciudad, la instalación del alambre tipo concertina se realizó sin autorización legal y ha provocado daños ambientales graves en una zona considerada ecológicamente sensible, protegida por acuerdos de conservación vigentes.

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Demanda incluye a dependencias federales

La demanda, presentada el lunes, incluye al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y a otros funcionarios federales.

San Diego argumenta que personal federal, entre ellos infantes de Marina, ingresó a los terrenos sin consentimiento y comenzó a construir la barrera, causando daños irreparables en hábitats protegidos de plantas, áreas ribereñas y estanques primaverales.

Ubicación de la barrera en Marron Valley.
Ubicación de la barrera en Marron Valley.

La cerca ha impedido que la ciudad evalúe y administre sus propiedades y ha puesto en peligro el cumplimiento de acuerdos ambientales.

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Incumplimiento de acuerdos ambientales

Estos incluyen las obligaciones bajo el Programa de Conservación de Especies Múltiples y el Acuerdo del Banco de Conservación de Cornerstone Lands.

La abogada municipal, Heather Ferbert, indicó que la ciudad de San Diego no permitirá que las agencias federales ignoren la ley y dañen la propiedad municipal.

“Estamos tomando medidas decisivas para proteger hábitats sensibles, cumplir con los compromisos ambientales y garantizar que se respeten los derechos y recursos de nuestra comunidad”, agregó.

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El caso busca una reparación inmediata para evitar daños adicionales y garantizar que se cumplan los compromisos de conservación y los derechos de acceso.

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