Columna | Treinta años después, San Andrés sigue incumplido: la paz en Chiapas fue abandonada desde el poder

Columna | Treinta años después, San Andrés sigue incumplido: la paz en Chiapas fue abandonada desde el poder

La verdad es tan clara como dolorosa: el Estado mexicano ha traicionado su palabra. 

Por Arq Jaime Martínez Veloz el enero 9, 2026

Presidente en turno de la Cocopa durante la firma de los Acuerdos de San Andrés, 16 de febrero de 1996

Treinta años después de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la verdad es tan clara como dolorosa: el Estado mexicano ha traicionado su palabra. La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas sigue vigente, pero la Cocopa, el órgano creado para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, no ha sido instalada por la actual legislatura.

Eso no es un olvido. Eso no es un error. Eso es una decisión política consciente.

Lo digo como quien presidía la Cocopa el día en que el Gobierno Federal y el EZLN firmaron los Acuerdos en materia de Derechos y Cultura Indígena. Lo digo porque estuve ahí, porque conozco cada línea de ese compromiso y porque sé lo que significaba para los pueblos indígenas de México. Lo digo porque la memoria no se negocia.

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La Cocopa no está ausente: fue borrada a propósito

La ley exige su existencia. La historia exige su existencia. La realidad de Chiapas exige su existencia.

Pero el Congreso decidió desaparecerla. Y al hacerlo, desapareció también: 

  • la vía institucional del diálogo, 
  • el puente entre el Estado y los pueblos indígenas, 
  • la posibilidad de una paz verdadera, 
  • y el respeto a la palabra empeñada.

La desaparición de la Cocopa es un mensaje directo: “No vamos a cumplir lo que firmamos”.

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San Andrés fue un compromiso de Estado. Hoy es un compromiso roto.

Los Acuerdos de San Andrés no fueron un gesto simbólico. Fueron un pacto profundo para transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas.

Treinta años después, la realidad es esta:

  • Las comunidades siguen enfrentando violencia, desplazamiento y abandono.
  • La mortalidad materna e infantil en la Selva y Los Altos es una tragedia normalizada.
  • La carretera Guadalupe Tepeyac–Ocosingo sigue siendo una deuda histórica.
  • La autonomía indígena sigue siendo tratada como amenaza.
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Y hoy, además:

  • la militarización se ha extendido en regiones indígenas,
  • bandas criminales disputan territorios completos,
  • comunidades enteras han sido desplazadas hacia Guatemala,
  • y el Estado ha sido incapaz —o renuente— a protegerlas.

Esto no es un rumor. No es una exageración. Es un hecho que he visto, que he escuchado, que he recorrido.

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La evidencia está en el territorio: 16 comunidades que gritan lo que el Estado calla

No hablo desde lejos. No hablo desde el escritorio. Hablo desde el territorio.

En los últimos meses he revisado diagnósticos comunitarios de 16 localidades indígenas —12 en Las Margaritas y 4 en San Andrés Larráinzar—, muchas de ellas históricas bases de apoyo zapatistas. Lo que muestran esos diagnósticos es devastador:

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1. Viviendas de madera, techos de lámina, pisos de cemento

Treinta años después de San Andrés, la vivienda digna sigue siendo una promesa rota.

2. Caminos destruidos, carreteras inexistentes, aislamiento total

  • Guadalupe Tepeyac–Las Margaritas: 79 km en malas condiciones.
  • San Quintín–Ocosingo: 105 km de terracería.
  • La Realidad–Guadalupe Tepeyac: 13.5 km sin revestimiento.
  • Puentes improvisados sobre el río Jataté.

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El aislamiento no es casualidad: es abandono.

3. Salud inexistente o insuficiente

La mayoría de las comunidades no tiene clínica, ni médico, ni medicamentos. Esto explica —y agrava— la mortalidad materna e infantil.

4. Educación mínima

Solo primaria.

Sin aulas suficientes.

Sin comedores dignos.

Sin pertinencia cultural.

5. Agua y servicios básicos precarios

Pozos artesanales, bombas quemadas, sistemas deteriorados.

Electricidad irregular.

Saneamiento inexistente.

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6. Agricultura de subsistencia sin apoyo

Maíz, frijol, café, calabaza.

Sin fertilizantes, sin bombas aspersoras, sin control de plagas, sin canales de comercialización.

7. Proyectos comunitarios sin respaldo institucional

Las comunidades hacen lo que pueden con lo que tienen. El Estado llega tarde, llega poco o no llega.

8. Violencia y desplazamiento

La presencia de grupos criminales ha obligado a familias enteras a huir hacia Guatemala.

Esto no ocurría desde los años más oscuros del conflicto centroamericano.

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Todo esto contradice frontalmente los Acuerdos de San Andrés.

Democracia y Justicia: un compromiso firmado que hoy se pisotea

Uno de los temas centrales pactados entre el Gobierno Federal y el EZLN fue Democracia y Justicia.

Hoy, cuando se impulsa una reforma electoral profunda, ese tema no aparece en ninguna parte.

Y además: no se consultó a los pueblos indígenas, a pesar de que la ley lo exige.

El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público ha sido, en la práctica, solo de los dientes para afuera.

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La contradicción que no se puede ocultar

Durante años, desde la oposición, Morena exigió públicamente el cumplimiento de los  Acuerdos de San Andrés. Era una bandera legítima. Era una causa justa.

Pero una vez en el poder, esa bandera fue guardada en un cajón.

No se instaló la Cocopa.

No se retomaron los Acuerdos.

No se consultó a los pueblos indígenas.

No se frenó la violencia.

No se atendió el desplazamiento.

No se impulsó la autonomía.

Lo que antes era exigencia moral se convirtió en indiferencia gubernamental.

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LO QUE DEBE HACERSE AHORA

  1. Instalar de inmediato la Cocopa, como lo ordena la ley.
  2. Reconocer públicamente el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
  3. Retomar esos acuerdos como base de una agenda nacional de justicia indígena.
  4. Incorporar la consulta indígena en toda reforma que afecte sus derechos, incluida la electoral.
  5. Impulsar un Programa Especial de Justicia y Desarrollo para Chiapas, con: 
  • la carretera Guadalupe Tepeyac–Ocosingo,
  • un programa contra la mortalidad materna e infantil,
  • justicia comunitaria,
  • protección a autoridades indígenas,
  • y un observatorio de violencias.

6. Restablecer el diálogo con legitimidad, no con discursos vacíos.

San Andrés no es pasado. San Andrés es deuda. San Andrés es herida.

San Andrés es dignidad.

Treinta años después, la pregunta sigue siendo la misma:

¿Cumplirá el Estado mexicano lo que firmó?

Hasta hoy, la respuesta ha sido el silencio.

Pero la historia no absuelve a quienes traicionan su palabra.

Y los pueblos indígenas tampoco olvidan.

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