Una sentencia de 5 años y 5 meses de prisión deberá cumplir un hombre por traficar a Estados Unidos con al menos 1,700 reptiles provenientes de México, Hong Kong y otros lugares del mundo durante seis años.
De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, José Manuel Pérez, residente de Oxnard, se declaró culpable en agosto del 2022 de un cargo de contrabando y uno más de tráfico de vida silvestre.
En total, fue responsable del contrabando e importación ilegal de al menos 1,700 animales con un valor de mercado superior a los 739,000 dólares.
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Utilizaban redes sociales para traficar los animales
Los delitos fueron cometidos por Pérez y otros cómplices de enero del 2016 a febrero del 2022, utilizando redes sociales para comprar y negociar la venta y entrega de estos animales en Estados Unidos.
Durante ese periodo introdujeron los ejemplares sin declarar la importación, ni obtener los permisos requeridos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
El modo de operar de los acusados era anunciar la venta de los animales de México a Estados Unidos, con la publicación de fotos y videos que los mostraban siendo capturados en su hábitat natural.
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Traficaban desde México con tortugas, cocodrilos y lagartijas
En el caso de los reptiles traficados desde México, entre ellos tortugas, crías de cocodrilo y lagartijas, los cómplices los recogían en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua y los transportaban vía terrestre hasta El Paso, Texas.
José Manuel Pérez pagaba una tarifa por cada cruce fronterizo, cuyo monto dependía del número de animales transportados, el tamaño del paquete y el riesgo de ser detectados por las autoridades.
Otra modalidad consistía en que Pérez y un cómplice viajaban a México para comprar animales vivos capturados en la naturaleza y luego ingresarlos ilegalmente a Estados Unidos.
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Transportaban los ejemplares a la casa de Pérez
Una vez en el país, los ejemplares eran transportados a la casa de Pérez, quien originalmente residía en Missouri y luego se mudó a California.
Antes de la sentencia, José Manuel Pérez ya cumplía una condena de nueve años de prisión tras declararse culpable en mayo de 2023 de tres cargos por posesión ilegal de armas de fuego.
Por estos delitos, no tiene permitido poseer armas de fuego debido a sus antecedentes penales, que incluyen condenas en el Tribunal Superior del Condado de Ventura por cargos graves como terrorismo callejero y agresión con arma mortal.
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El fiscal principal Gary Donner, de la Sección de Delitos Ambientales de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD) y los fiscales federales adjuntos Matthew W. O’Brien y Juan M. Rodríguez, del Distrito Central de California, llevaron el caso.