El Congreso del Estado aprobó el dictamen número 8 que fortalece la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar en Baja California.
La iniciativa, presentada por la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología, incluye la incorporación de un Modelo de Atención Integral para brindar una respuesta coordinada y efectiva ante esta problemática.
La reforma impulsada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, establece la creación de un nuevo capítulo en la legislación estatal que permitirá articular un sistema institucional.
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Atención integral a las víctimas
En éste se incluirá la atención psicológica, social, médica, jurídica y educativa, con el objetivo de garantizar el bienestar integral de las víctimas y atender las causas que originan la violencia escolar.
Esta propuesta es una respuesta a la ausencia de mecanismos entre dependencias, lo que generaba intervenciones a medias, sin seguimiento adecuado y con riesgos de revictimización para los estudiantes afectados.
Con la aprobación de este dictamen, se establece un modelo estructurado que define con claridad las etapas de atención, desde la identificación del caso, la canalización, el acompañamiento, el seguimiento y la intervención oportuna.
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Con ello, se asegura una respuesta integral y continua en cada situación de acoso escolar.
Cambio estructural en la convivencia
Desde una perspectiva social, esta reforma no sólo atiende las consecuencias del acoso escolar, sino que impulsa un cambio estructural en la convivencia dentro de las comunidades educativas.
Para promover una cultura de paz y corresponsabilidad entre autoridades, docentes, familias y estudiantes.
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Con este avance legislativo, el Congreso del Estado fortalece su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, consolidando un marco jurídico que prioriza el bienestar integral y el derecho a desarrollarse en espacios educativos seguros.
Cédula de registro único
Establece la creación de mecanismos de coordinación a través de una cédula de registro único, que permitirá dar trazabilidad a cada caso para garantizar que ninguna situación quede sin atención oportuna, independientemente de la instancia a la que acuda la víctima.
También incorpora principios fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la atención integral, el auxilio oportuno y el interés superior de la niñez, alineándose con el mandato constitucional de garantizar una educación en entornos inclusivos y libres de violencia.
