La diputada local de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, se encuentra en el centro del debate luego de que se diera a conocer la compra de una propiedad en Mexicali. Dicha propiedad tenía un costo superior a los 800 mil pesos. Los cuales fueron pagados en efectivo, situación que generó cuestionamientos desde el Congreso local.
Operación documentada en registro público
De acuerdo con información difundida por Calafia Noticias, la adquisición del inmueble se realizó en 2023 en un desarrollo residencial de la zona dorada de Mexicali.
Según los documentos, la operación incluyó un pago de aproximadamente 820 mil pesos en efectivo. Además de una cantidad adicional por transferencia y un crédito hipotecario por más de 3 millones de pesos.
Morena pide explicaciones
Al respecto, el diputado de Morena, Juan Manuel Molina, señaló que el caso genera dudas. Especialmente por los antecedentes de señalamientos similares dentro del propio Congreso.
“Sí surge el cuestionamiento… cuando hace sesiones se subieron a la tribuna para señalar a una diversa compañera y el principal cuestionamiento era de dónde había sacado 800 mil pesos en efectivo”, expresó.
El legislador agregó que los documentos que respaldan la operación son públicos:
“Son documentos del Registro Público de la Propiedad… cualquier ciudadano puede solicitarlos y ahí se establece expresamente que se entregaron más de 800 mil pesos en efectivo”.
Señalan tema de congruencia
Molina insistió en que el tema central no es la legalidad, sino la congruencia en el discurso político.
“Si tanto le exigieron a ella que dijera de dónde sacó el dinero, pues también que digan de dónde sacaron ese recurso en efectivo”, señaló.
Asimismo, enfatizó:
“El tema es la congruencia: si vas a cuestionar a alguien por el manejo de efectivo, también tienes que explicar cuando ocurre en lo personal”.
Legalidad y transparencia
El diputado señaló que este tipo de operaciones son legales dentro de los límites establecidos por la ley; sin embargo, enfatizó la importancia de privilegiar mecanismos que permitan dar seguimiento claro al origen de los recursos, como ocurre con las transferencias bancarias.
Asimismo, planteó la necesidad de analizar la viabilidad financiera de este tipo de adquisiciones a largo plazo, particularmente en función de los ingresos asociados a un cargo público y la duración del mismo, lo que abre la discusión sobre el origen y sostenibilidad de los recursos utilizados.
