Se ha presentado ante el Pleno un proyecto de reforma a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado, esto con el propósito de establecer la prohibición categórica de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo identificadas técnicamente; de igual manera, para así obligar al Estado a garantizar vivienda social en suelo seguro.
El legislador de Morena explicó que los recientes acontecimientos en el municipio de Tijuana, donde cientos de familias han perdido sus viviendas por deslaves e inundaciones, evidencian una falla estructural en el marco jurídico que rige el desarrollo urbano y la ordenación del territorio.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) advierten que en los últimos 50 años se ha quintuplicado el número de catástrofes vinculadas a fenómenos extremos, afectando de manera desigual a los países en desarrollo y a las comunidades más vulnerables. México y Baja California no son ajenos a esta realidad, pues la vulnerabilidad social se combina con una geografía cada vez más expuesta.
“Esta situación no es aislada, sino parte de un patrón nacional que expone a miles de familias a riesgos previsibles y recurrentes, por lo que urge transitar hacia una planeación urbana preventiva basada en evidencia técnica y científica”, indicó Ramón Vázquez.
En consecuencia, la propuesta del diputado Vázquez plantea tres ejes centrales: que los programas de desarrollo urbano se basen en estudios técnicos de riesgo actualizados, que se prohíba el uso de zonas de alto peligro para vivienda o actividades comerciales o industriales, y que el Estado garantice suelo seguro para vivienda social y reubicación de familias vulnerables.
“Legislar para prevenir asentamientos en zonas de riesgo es proteger la vida, la seguridad y el derecho a una vivienda digna. Esta reforma representa un cambio de paradigma, al pasar de la reacción ante desastres a la prevención sustentada en estudios técnicos y responsabilidad social”, subrayó el inicialista.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictaminación correspondiente.
