Donald Trump activó el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros, un órgano poco conocido encargado de tramitar casos de deportación de alta sensibilidad que permaneció inactivo desde su creación en 1996.
Este julio, el tribunal cobró vida con un caso presentado por el Gobierno de Trump, que busca abrir nuevas rutas de deportación.
Durante tres décadas, un grupo rotativo de jueces asignados al tribunal permaneció listo para atender cualquier caso que llegara a sus manos. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno federal había considerado tener un caso que ameritara acudir a esta instancia, ni que justificara poner a prueba la constitucionalidad de sus controvertidos procedimientos.
Desde que el Congreso creó el tribunal mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, han persistido dudas sobre si sus procedimientos son constitucionales, lo que explicaría por qué los gobiernos anteriores evitaron presentar un caso ante él. Andrew Arthur, quien supervisó casos de terrorismo en el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización a finales de los años 90, resumió así la postura tradicional: “El ATRC era el último tribunal al que se habría querido recurrir”.
El tribunal otorga al Gobierno un amplio margen para mantener en secreto, incluso frente a la persona que intenta deportar, las razones por las que considera que un inmigrante es terrorista. Además, limita muchas de las vías que normalmente tienen los migrantes para impugnar su deportación.
Debido a este secretismo, se sabe poco sobre el caso presentado este mes. Lo único público es una orden del 16 de julio de la jueza Joan Ericksen, jueza principal del tribunal, en la que indica que no quedó convencida por los argumentos iniciales del Gobierno y le dio plazo hasta esta semana para presentar información adicional.
