Una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, así como leves cambios en el Código Fiscal de la Federación, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue firmada el pasado 13 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, asimismo, se envió al Senado el 15 de septiembre.
Dicha medida cuenta con una gran relevancia debido a que se considera que el juicio de amparo como el principal instrumento de defensa de los derechos humanos y de control constitucional en México.
De entrada, la propuesta incluye puntos positivos. Por ejemplo, busca modernizar los procesos judiciales con el uso de medios electrónicos, lo que podría agilizar trámites y hacer más accesible el procedimiento. También plantea fortalecer el precedente judicial, con el fin de que las resoluciones de los tribunales sean más uniformes y brinden mayor certeza.
Sin embargo, especialistas advierten que los riesgos son mayores que los beneficios. El Maestro Leonardo Abarca Jiménez, socio director de Grupo UNO Abogados, explicó que la iniciativa contempla limitar las suspensiones de actos y normas cuando se invoque el “interés general”. Esto significa que, en muchos casos, las personas no podrían detener los efectos de una ley o acto de autoridad mientras se resuelve el juicio, debilitando la protección inmediata de los derechos humanos.
Otro punto delicado es la reducción de los efectos colectivos de las sentencias de amparo. Actualmente, una resolución puede beneficiar a grupos más amplios cuando se trata de una violación que afecta a varias personas, pero la reforma busca restringir ese alcance, lo que disminuiría su impacto como herramienta de control constitucional.
La propuesta también endurece formalismos que podrían complicar el acceso a la justicia. Se habla de mayores cargas procesales, restricciones para ampliar demandas y limitaciones en casos fiscales o relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas medidas, advierte Abarca, incluso pueden afectar principios como la presunción de inocencia.
Si bien se reconoce el esfuerzo de modernizar la Ley de Amparo y fortalecer la legitimación colectiva, preocupa que la iniciativa contenga disposiciones regresivas que chocan con la Constitución y los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.
Es importante enfatizar que esta ley puede ser atacada a través de una acción de inconstitucionalidad o bien inaplicada como una consecuencia de no atender estos puntos y que la reforma sea aprobada tal cual esta propuesta en estos momentos, implicada por los jueces al realizar un control de convencionalidad.
Por ello, Abarca hace un llamado al Congreso a revisar con responsabilidad estos puntos, abrir espacios de parlamento abierto y escuchar a expertos antes de aprobar una reforma que, en sus términos actuales, podría significar un retroceso en la protección ciudadana.
