Una queja fue presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a los derechos humanos del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el pasado 16 de julio en Ensenada por su presunta participación en una red de contrabando de combustible. El escrito, promovido por el abogado Ismael Chacón Gureña, señala como responsables a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.
De acuerdo con el documento presentado ante la CNDH, Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio afuera de un restaurante de Ensenada, en cumplimiento de una orden de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando internacional de combustible.
Tras su traslado a la Ciudad de México, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, donde permanece durante la investigación complementaria posterior a su vinculación a proceso, resuelta el 23 de julio.
El argumento central de la queja
El documento sostiene que tanto la presidenta como la fiscal general se pronunciaron públicamente sobre el caso antes de que un juez resolviera la vinculación a proceso. Según se detalla, Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina del 20 de julio que existían pruebas contundentes en la investigación, de acuerdo con una nota publicada por Vanguardia MX.
Un día después, la mandataria vinculó a Ruffo con el caso de la empresa Ingemar y un supuesto amparo obtenido para evitar la revocación de un permiso de importación de combustible, señalamiento que fue desmentido por el propio juez federal aludido, Juan Pablo Gómez Fierro, según reportó Proceso.
Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy declaró el 16 de julio que la red de huachicol fiscal vinculada a Ruffo había generado un daño al erario de 4 mil millones de pesos, y afirmó contar con evidencia pericial y testimonial que respalda la indagatoria, conforme a una nota de La Razón.
La queja argumenta que estas declaraciones se dieron días antes de la audiencia de vinculación a proceso (celebrada de manera privada, sin acceso de medios ni familiares) por lo que, a juicio del promovente, se habría vulnerado el principio de presunción de inocencia.
¿Qué pide la queja?
El escrito solicita a la CNDH tres acciones principales:
- Que se dicten medidas cautelares para proteger la integridad física y mental de Ruffo Appel.
- Que personal de la visitaduría constate su estado de salud en el penal de máxima seguridad, aplicando el Protocolo de Estambul.
- Que se investigue un presunto trato desigual respecto a otros coimputados que, según el documento, enfrentan el proceso en prisión domiciliaria o en penales de menor seguridad.
