El fallecimiento del niño Vicente es un hecho que ha conmocionado a la sociedad y que obliga a una reflexión seria sobre la protección institucional de niñas, niños y adolescentes, expresó la presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco.
“Más allá de las responsabilidades penales que deberán determinar las autoridades competentes, este caso evidencia que el sistema también falló en su obligación de proteger oportunamente la vida e integridad de un niño”, indicó Estefanía Campos García.
La protección de la infancia, señaló, requiere un verdadero trabajo interinstitucional entre juzgados familiares, sistemas DIF, áreas psicológicas, trabajadores sociales y demás autoridades encargadas de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Falta de coordinación institucional
Agregó que no se puede permitir que la falta de coordinación institucional, la saturación de los sistemas o la lentitud en los procedimientos coloquen a las infancias en contextos de vulnerabilidad.
La presidenta de la Barra de Abogadas dijo que resulta indispensable fortalecer los mecanismos mediante los cuales los jueces familiares determinan quién es la persona más apta para ejercer la guarda y custodia de un menor de edad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que estas decisiones no deben basarse en cuestiones de género, mencionó, sino en un análisis profundo de cada caso concreto, privilegiando siempre el interés superior de la niñez.
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Periciales en psicología juegan un papel fundamental
Por ello, las periciales en psicología juegan un papel fundamental, añadió, pues permiten evaluar las condiciones emocionales, familiares y de estabilidad de quienes pretenden ejercer una custodia.
Sin embargo, manifestó que actualmente muchas de estas evaluaciones enfrentan retrasos importantes que impactan directamente en decisiones urgentes para la protección de menores.
“Por ello, es necesario fortalecer las áreas periciales, dotarlas de mayores recursos humanos y técnicos, y garantizar que las evaluaciones psicológicas y familiares puedan realizarse de manera rápida, profesional y oportuna, permitiendo a los jueces tomar decisiones inmediatas encaminadas a salvaguardar la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes”, comentó Campos García.
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Las instituciones deben actuar antes
La protección de la infancia no puede depender de la reacción ante una tragedia. Las instituciones deben actuar antes de que el daño ocurra, explicó.
Cada decisión tardía, cada evaluación pendiente y cada omisión del sistema, aseveró, puede representar un riesgo irreparable para la vida y la integridad de una niña, niño o adolescente.
“Hoy más que nunca debemos entender que proteger a la niñez no es únicamente una obligación legal, sino una responsabilidad humana y social que exige instituciones más eficientes, sensibles y verdaderamente enfocadas en el interés superior de la infancia”, finalizó la presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco.
