La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Además de otras siete personas por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con un comunicado emitido este 19 de julio, la medida cautelar se dio tras una audiencia que se prolongó por más de un día. Durante la cual el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación.
Ernesto Ruffo Appel cumplirá prisión preventiva en el Altiplano
La FGR informó que Ernesto Ruffo Appel, identificado en el comunicado como Ernesto “N”, deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.
Junto con él también fueron enviados a ese penal Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus domicilios por motivos de salud. Mientras que Adriana “N” quedó internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
La dependencia agregó que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Lo investigan por presunto contrabando de hidrocarburos
Según la FGR, las detenciones derivan de una investigación coordinada con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Sobre una presunta red dedicada a realizar operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
La autoridad sostiene que el esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas. Y reportando menores cantidades de las realmente transportadas o declarando otros productos para evadir el pago de impuestos.
La Fiscalía señaló que este tipo de operaciones genera afectaciones económicas al país y puede representar una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). En los últimos días, tanto él como integrantes del movimiento político Somos México han rechazado las acusaciones y han sostenido que el exmandatario no participó en actividades ilícitas.
La FGR recordó que todas las personas imputadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
