El Senado de Estados Unidos recibió el 8 de enero de 2026 la iniciativa legislativa, un proyecto de ley que plantea endurecer las consecuencias legales para personas condenadas por fraude. La propuesta busca que extranjeros condenados por este delito queden sujetos a deportación y que los tribunales cuenten con jurisdicción concurrente para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que enfrenten una condena por fraude.
De acuerdo con el registro legislativo, el proyecto fue leído en dos ocasiones y posteriormente turnado al Comité Judicial del Senado, donde continuará su análisis.
Avance legislativo y patrocinadores
Hasta el momento, la iniciativa registra una sola acción formal, correspondiente a su presentación y envío al comité. El proyecto cuenta con el respaldo de varios senadores republicanos:
- John Cornyn (Texas)
- Tom Cotton (Arkansas)
- Ted Budd (Carolina del Norte)
- Kevin Cramer (Dakota del Norte)
- Lindsey Graham (Carolina del Sur)
- Bill Hagerty (Tennessee)
- Ashley Moody (Florida)
- Jim Banks (Indiana)
Situación del análisis presupuestario
La Congressional Budget Office (CBO) informó que hasta el 16 de enero de 2026 no ha emitido una estimación de costos para la iniciativa. La CBO produce análisis presupuestarios para ciertos proyectos de ley y resoluciones, con el fin de evaluar su impacto financiero en el gobierno federal.
De acuerdo con el procedimiento habitual, las estimaciones de la CBO se publican únicamente cuando el organismo concluye su análisis. Por ahora, el Congreso no cuenta con datos oficiales sobre el posible costo fiscal de esta propuesta.
Próximos pasos
El Comité Judicial del Senado revisará el alcance legal del proyecto antes de determinar si avanza al pleno. Mientras tanto, la iniciativa permanece en etapa inicial y sin votación programada. De avanzar, podría tener implicaciones importantes en materia migratoria, judicial y de ciudadanía en Estados Unidos.
