Una iniciativa para crear la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Baja California y sus Municipios, presentó la diputada Liliana Michel Sánchez Allende.
La propuesta estaría “en congruencia con la visión de gobierno austero, eficiente y cercano a la gente impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, indicó.
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Esta propuesta retoma los principios de la Cuarta Transformación, explicó, donde la austeridad es entendida como un eje ético del servicio público, orientado a eliminar privilegios, combatir el uso discrecional del gasto y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan,
“La austeridad es una forma de gobernar con responsabilidad, es asegurar que el dinero público se utilice para el bienestar de las familias, no para excesos ni privilegios”, aseguró.
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Regular el ejercicio del gasto público
La iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, responde a la falta de un marco normativo integral en la entidad que regule de manera obligatoria y homogénea el ejercicio del gasto público.
Con esta ley, se establecerán reglas claras para todos los entes públicos, incluyendo poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos, bajo principios de eficiencia, transparencia y honradez, en línea con el mandato constitucional.
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Entre sus principales ejes destacan la eliminación de duplicidades en estructuras administrativas, la regulación de remuneraciones conforme a la Constitución, la reducción de gastos en viáticos, comunicación social y servicios generales, así como la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos.
Programa Anual de Austeridad y Ahorro
Asimismo, se incorpora el Programa Anual de Austeridad y Ahorro, como un instrumento clave para planificar, evaluar y rendir cuentas sobre el ejercicio presupuestal, fortaleciendo la disciplina financiera en el estado.
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La propuesta también contempla limitar prácticas que afectan la confianza ciudadana, como el gasto excesivo en publicidad, la adquisición de bienes no esenciales o la creación de fideicomisos sin una evaluación clara de su utilidad pública.
Michel Sánchez subrayó que estas medidas no afectarán a las personas trabajadoras de base, ya que están dirigidas principalmente a corregir distorsiones en los niveles superiores de la administración pública.
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“Esta iniciativa es parte de una transformación de fondo en la forma de ejercer el poder público. Se trata de consolidar en Baja California la visión nacional de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, concluyó.
