Por Jaime C. Martínez Veloz
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no es un episodio aislado en la larga historia de violencia que atraviesa al país. Para Baja California, este hecho representa un punto de quiebre que obliga a revisar, con seriedad y sin autoengaños, la fragilidad institucional que se ha venido acumulando durante los últimos años. La frontera es un territorio donde se cruzan intereses económicos, criminales, políticos y geopolíticos. Cuando un actor de la magnitud del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación desaparece, el reacomodo no solo ocurre en los grupos criminales, sino también en las estructuras de gobierno que, por acción u omisión, permitieron su avance.
Un vacío de poder en la frontera
Baja California ha sido, desde hace décadas, un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas, personas y capitales. La presencia del CJNG en Tijuana, Mexicali y Ensenada no fue accidental. Se construyó sobre un terreno fértil: instituciones debilitadas, policías vulnerables, operadores incrustados en áreas clave y una élite económica emergente cuya riqueza no siempre encuentra explicación en trayectorias verificables.
La muerte del Mencho abre un vacío que otros grupos buscarán llenar. No se trata solo de una disputa criminal, sino de una reconfiguración del poder local, donde las instituciones capturadas quedan expuestas y disponibles para el mejor postor. En este contexto, Tijuana se convierte nuevamente en el tablero principal: quien controla la ciudad controla permisos, aduanas, obra pública, seguridad municipal y desarrollo urbano.
El lenguaje silencioso de las visas
En los últimos meses, el retiro de visas a funcionarios estatales, municipales y a personas cercanas a figuras políticas de alto nivel ha enviado un mensaje inequívoco: Estados Unidos está observando. La frontera tiene su propio lenguaje, y las visas son uno de sus instrumentos más contundentes.
Cuando una agencia estadounidense retira visas a funcionarios, empresarios o familiares de gobernantes, no lo hace por capricho. Es una señal de que existen patrones de conducta, vínculos o flujos económicos que preocupan al otro lado. La muerte del Mencho acelera este proceso. Los operadores que antes se movían bajo la sombra de un liderazgo criminal fuerte ahora quedan expuestos, vulnerables y sin protección. Y en ese escenario, la presión internacional se vuelve más visible y más incómoda.
La captura institucional: un problema anunciado
Desde 2020 advertimos que Baja California estaba entrando en una fase de deterioro institucional profundo. La falta de controles internos, la improvisación administrativa, la llegada de operadores reciclados de todos los partidos y la ausencia de un proyecto de Estado convirtieron a Morena en un contenedor de intereses ajenos al bienestar público.
En lugar de construir una fuerza política republicana, se abrió la puerta a grupos que vieron en el partido un vehículo para legalizar fortunas, obtener contratos, controlar permisos, manipular policías y operar desde dentro del gobierno. La muerte del Mencho no crea este problema: lo desnuda. Lo que antes se movía en penumbra ahora queda expuesto a la luz del reacomodo criminal y de la presión internacional.
Tijuana y Ensenada: el epicentro del reacomodo
En Tijuana, los funcionarios con mayor capacidad de decisión provienen de Ensenada, un municipio donde en los últimos años surgió una élite económica repentina. Ese fenómeno no es casual. Es el síntoma de una captura institucional que se extendió desde lo local hacia lo estatal. Con la caída del líder del CJNG, estos grupos quedan en una posición delicada: pierden respaldo, pierden interlocutor, pierden protección y quedan expuestos ante agencias internacionales y grupos rivales.
Lo que viene no será un reacomodo silencioso. Será una disputa por el control de las instituciones municipales, por los permisos, por la obra pública, por las aduanas y por la narrativa pública. La frontera está entrando en una etapa de redefinición profunda.
Baja California, obligada a verse en el espejo sin maquillaje.
La muerte del Mencho no es un capítulo más en la historia del crimen organizado. Es un espejo que obliga a Baja California a mirarse sin maquillaje. Durante años, la frontera fue administrada con improvisación, complacencia y una peligrosa mezcla de ingenuidad y oportunismo político. Las instituciones se debilitaron, los controles se relajaron y los espacios vacíos fueron ocupados por quienes vieron en el poder público una extensión de sus intereses privados.
Hoy, ese modelo hace crisis.
La caída del líder del CJNG deja al descubierto la fragilidad de un gobierno que confundió la transformación con la simple sustitución de colores. En lugar de construir un proyecto republicano, se permitió la infiltración de grupos que encontraron en la política un refugio, un negocio o una plataforma para expandir su influencia. El resultado está a la vista: instituciones vulnerables, funcionarios bajo presión internacional, élites económicas emergentes sin explicación patrimonial y una ciudadanía que observa cómo la frontera se convierte en un territorio administrado por la improvisación y la opacidad.
Baja California no puede seguir transitando por esta ruta.
No se trata de cambiar de caudillo, sino de reconstruir el Estado.
No se trata de repartir culpas, sino de asumir responsabilidades.
No se trata de administrar la crisis, sino de enfrentarla con valentía.
La frontera necesita un nuevo pacto institucional que recupere la legalidad, profesionalice el servicio público, depure las estructuras capturadas y devuelva a la ciudadanía la confianza en sus instituciones. Ese es el verdadero desafío. Lo demás —los discursos, las campañas, las narrativas oficiales— son ruido.
La muerte del Mencho marca el fin de una etapa y el inicio de otra.
Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino el tipo de Estado que queremos ser.
Baja California tiene una oportunidad histórica para corregir el rumbo.
Perderla sería repetir los errores que nos trajeron hasta aquí.
