Una iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California y sus Municipios, presentó la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero.
La reforma tiene como objetivo fortalecer la rendición de cuentas y eliminar los supuestos que permiten realizar modificaciones presupuestales sin autorización del Congreso del Estado.
La propuesta plantea suprimir los llamados mecanismos de “aviso”, por los que los diversos poderes pueden efectuar ampliaciones, transferencias o reducciones al presupuesto sin aprobación previa del Poder Legislativo y se limitan solo a notificarlos.
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Legislación realiza prácticas de la ley anterior
Corral Quintero advirtió que la legislación vigente reproduce prácticas que ya se habían observado en la ley anterior.
Es decir, utilizando excepciones que permiten realizar ajustes presupuestarios significativos sin que el Congreso pudiera ejercer plenamente su función constitucional de fiscalización y control del gasto público.
La diputada señaló que estas prácticas generan riesgos de discrecionalidad, alteran las prioridades aprobadas en el Presupuesto de Egresos y debilitan la transparencia, al modificar el destino de los recursos sin un análisis público ni debate legislativo previo.
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Transparencia en la rendición de cuentas
Asimismo, explicó que el presupuesto aprobado por el Congreso representa acuerdos que reflejan prioridades y consensos políticos, por lo que permitir cambios sin revisión por parte del poder legislativo, vulnera el principio de división de poderes y debilita la rendición de cuentas.
Esta iniciativa retoma una propuesta presentada por la diputada en 2025, que no fue dictaminada debido a la abrogación de la ley anterior, por lo que ha actualizado el documento conforme al nuevo marco normativo.
Lo anterior con el propósito de que el Congreso recupere su papel central en la supervisión del ejercicio del gasto público.
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La legisladora sostuvo que toda modificación presupuestal relevante debe someterse a procesos formales de autorización legislativa, ya que reducir estos ajustes a simples avisos limita la capacidad fiscalizadora del Congreso y pone en riesgo la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos en Baja California y sus municipios.
