Una iniciativa que busca que los inmuebles públicos desincorporados del patrimonio estatal se destinen a proyectos de vivienda social, presentó la diputada María Teresa Méndez Vélez.
La representante popular del Distrito 6 propone para esto la reforma al artículo 33 de la Ley General de Bienes del Estado.
La legisladora fundamentó su propuesta en el reconocimiento de que el derecho humano a una vivienda digna está consagrado tanto en la Constitución federal como en la estatal.
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Sectores más desprotegidos
Señaló que corresponde al Estado y a los municipios asumir el papel de promotores en la construcción de vivienda social, especialmente dirigida a los sectores más desprotegidos.
“Toda persona tiene el derecho humano a contar con una vivienda digna y decorosa; el Estado debe promover la construcción y venta de vivienda para los sectores sociales más desprotegidos.” describió Maythé Méndez.
Esta iniciativa se suma al esfuerzo nacional del programa federal “Vivienda para el Bienestar”, que busca reducir el rezago habitacional y garantizar certeza jurídica en la tenencia del patrimonio.
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Reducir el rezago en materia de vivienda
Agregó que, la existencia de ese programa federal busca reducir el rezago en materia de vivienda en todo el país.
Sin embargo, consideró que el Estado y Municipios también deben ser promotores de la construcción de la vivienda social, para los distintos sectores de nuestra población.
“Los jóvenes que inician su vida laboral, las madres autónomas y las familias de escasos recursos requieren apoyo prioritario para acceder a una vivienda social que les brinde seguridad y certeza jurídica.” indicó la diputada.
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Apoyo especial para madres autonómas
Destacó que las madres autónomas enfrentan mayores dificultades para acceder a un crédito hipotecario bancario, por lo que requieren apoyo especial para adquirir una vivienda.
De igual forma, las familias de escasos recursos económicos deben ser atendidas de manera prioritaria.
El proyecto de reforma establece que los inmuebles públicos desincorporados se destinen preferentemente a proyectos de vivienda social, atendiendo las demandas señaladas en los planes y programas del Estado y sus municipios.
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Con ello se busca garantizar que dichos espacios se conviertan en patrimonio digno para los sectores más desprotegidos, fortaleciendo la justicia social y el bienestar en Baja California.
