El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez fue inhabilitado por parte del Tribunal Estatal de Justicia Alternativa (TEJA) para ocupar un cargo público en un periodo de tres años.
La sanción fue dada a conocer este martes por la Secretaría de Anticorrupción del Gobierno del Estado, luego de una denuncia realizada por la misma secretaría en septiembre del 2021.
Tanto Bonilla Valdez como varios exfuncionarios de su administración fueron señalados por irregularidades vinculadas a la construcción de una planta fotovoltaica que estaría a cargo de la empresa Next Energy.
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La denuncia contra Bonilla
Asimismo, la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda denunció penalmente tanto a Bonilla como a sus exfuncionarios por daño al erario público por 12 mil millones de pesos.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y desvío de recursos públicos.
Adicionalmente, el también exsenador acumula al menos cinco denuncias en su contra por peculado y violencia política en razón de género en contra de su sucesora Avila Olmeda.
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¿Qué implica la inhabilitación?
De acuerdo con información del gobierno federal, los servidores públicos están obligados a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, podrían estar sujetos a amonestaciones privadas o públicas, suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año, destitución del puesto, sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
En este caso, la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público implica que, por resolución de una autoridad competente (administrativa o judicial), al funcionario se le prohíbe, de manera temporal o permanente, ser designada, contratada o ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
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A pesar de la resolución por parte de TEJA, el exgobernador Bonilla tiene la opción de apelar la sanción para evitar la inhabilitación.
