El nombre del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha estado presente en la conversación pública desde el inicio del conflicto entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, el 9 de septiembre de 2024, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Esta confrontación, que continúa afectando al estado, ha generado diversas versiones y señalamientos, en algunos de los cuales se ha mencionado al gobernador como un presunto vínculo dentro del contexto de la violencia que impacta a Sinaloa.
Este 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó cargos penales por narcotráfico contra el gobernador, así como contra nueve personas más. De acuerdo con la información, las autoridades indicaron que tanto el mandatario como los otros acusados, colaboraron con el Cártel de Sinaloa para enviar droga al vecino país.
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Tras este anuncio, el gobernador de Sinaloa no se quedó en silencio y redactó un escrito en su cuenta de “X” en donde rechazó categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en su contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, asegurando que estas carecen de veracidad y fundamento.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.”
Asimismo destacó:
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.”
Finalmente señaló a las y los sinaloenses que con el valor y dignidad que los caracteriza, se demostrará la falta de sustento de dicha acusación que él describió como “calumnia”.
SRE recibió solicitudes de detención con fin de extradición
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió diversas solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales serán remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis y trámite correspondiente. Estas solicitudes forman parte del proceso de cooperación internacional en materia penal, mediante el cual un país solicita la detención de una persona para posteriormente formalizar su extradición.
La SRE actúa como intermediaria en estos casos, ya que es la dependencia encargada de recibir y revisar las solicitudes antes de enviarlas a la FGR, institución que evalúa si existen los elementos necesarios para iniciar el procedimiento judicial en México.
Sin embargo, en los documentos recibidos no se anexaron pruebas, lo que significa que únicamente se presentó la petición inicial sin el respaldo documental que normalmente sustenta la acusación. Esto es relevante porque, en el proceso de extradición, las solicitudes formales deben acompañarse de información y evidencias que justifiquen la detención y eventual entrega de la persona requerida.
