San Diego Coastkeeper presentó una presentación por incumplimiento ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CEC) el 23 de enero, para abordar la persistente crisis de aguas residuales del río Tijuana.
La petición alega que el gobierno mexicano no ha implementado ni hecho cumplir sus propias leyes ambientales, permitiendo que miles de millones de galones de aguas residuales sin tratar fluyan hacia el Océano Pacífico y el río Tijuana, contaminando las aguas costeras en ambos lados de la frontera.
Coastkeeper recibió notificación el lunes 26 de enero de que la CEC recibió la presentación y comenzó su revisión.
La queja o Submission on Enforcement Matters (SEM, por sus siglas en inglés), fue presentada bajo el acuerdo de las protecciones ambientales del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá (USMCA/T‑MEC).
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Una catástrofe para la salud pública y el medio ambiente
La infraestructura de aguas residuales en deterioro en México y Estados Unidos ha provocado una creciente catástrofe ambiental, de justicia social y de salud pública que afecta a las comunidades del sur del condado de San Diego y de toda el área metropolitana de Tijuana.
Décadas de negligencia e inercia política han dado lugar a que miles de millones de galones de aguas residuales crudas y productos químicos tóxicos sean vertidos directamente al Océano Pacífico y al río Tijuana. Por ejemplo, durante el verano de 2024 y el otoño de 2025.
40 millones de galones por día de aguas residuales sin tratar fluyeron hacia el valle del río Tijuana en períodos secos, poniendo de relieve las deficiencias del sistema de colecta y tratamiento de aguas residuales de Tijuana.
Afecta contaminación al sur de San Diego
Las comunidades del sur de San Diego siguen sufriendo por gases fecales en el aire, corrientes de río contaminadas y playas públicas cerradas, lo que degrada el medio ambiente y su calidad de vida.
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“El fracaso de México para hacer cumplir sus propias leyes ambientales, junto con su total negligencia de la infraestructura crítica de alcantarillado, ha contribuido en gran medida a la crisis de contaminación fronteriza que sigue degradando el estuario de Tijuana y envenenando a las comunidades fronterizas con contaminación por aguas residuales”, dijo Phillip Musegaas, director ejecutivo de San Diego Coastkeeper.
“Coastkeeper actúa en nombre de estas comunidades, buscando el apoyo de esta Comisión independiente para investigar y publicar un informe sobre el papel de México en esta crisis binacional de contaminación”, agregó.
Incumplimiento en la aplicación de las leyes ambientales
La petición cita el incumplimiento por parte de México en la aplicación de múltiples leyes ambientales, incluyendo su Ley Nacional de Aguas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la propia Constitución.
Millones de galones de aguas residuales sin tratar fluyen diariamente al río Tijuana debido a la infraestructura fallida en la zona metropolitana de Tijuana, incluyendo tuberías de alcantarillado deterioradas, estaciones de bombeo averiadas y capacidad de tratamiento insuficiente.
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Se estima que entre 27 y 32 millones de galones de aguas residuales crudas son vertidos directamente sobre la playa al sur de Tijuana en Punta Bandera cada día, ya que la cantidad de aguas residuales generadas en la ciudad supera dramáticamente la capacidad de tratamiento binacional.
Los funcionarios federales mexicanos tienen la autoridad legal para imponer citaciones, multas y sanciones, y para recurrir a otros remedios coercitivos y legales.
A pesar de violaciones continuas y bien documentadas, no han ejercido esa autoridad. Como resultado, el sistema de aguas residuales de Tijuana continúa operando en violación persistente de la ley mexicana sin una aplicación ni rendición de cuentas significativas.
El camino a seguir
Las disposiciones de cumplimiento ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos-México-Canadá (USMCA/T‑MEC) permiten a los ciudadanos presentar peticiones cuando consideran que una parte del acuerdo no está haciendo cumplir de manera efectiva sus leyes ambientales.
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La CEC es una organización internacional establecida por Canadá, México y Estados Unidos bajo el (USMCA/T‑MEC) para supervisar los compromisos ambientales. La Secretaría de la CEC actúa como una oficina independiente que revisa las peticiones ciudadanas.
Si la presentación cumple con todos los requisitos, la Secretaría solicitará una respuesta del gobierno mexicano.
Desarrollo de expediente fáctico
Tras revisar la respuesta de México, la Secretaría puede recomendar que el Consejo de la CEC autorice el desarrollo de un expediente fáctico.
Este expediente fáctico es una investigación independiente y en profundidad que resulta en un informe público que documenta las fallas en la aplicación.
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El proceso de peticiones de la CEC aumenta la transparencia y la rendición de cuentas internacional al facilitar presión pública y diplomática sobre México para que cumpla con sus propias leyes ambientales.
“Si bien México tiene leyes ambientales sólidas sobre el papel, el fracaso sistémico del gobierno para hacerlas cumplir ha dejado su esquema regulatorio prácticamente inoperante. El resultado trágico es que millones de personas se ven obligadas a vivir junto a una alcantarilla a cielo abierto, y el estuario del río Tijuana corre el riesgo de colapso ecológico”, explicó Patrick McDonough, abogado principal de Coastkeeper.
San Diego Coastkeeper sigue comprometido a utilizar todas las herramientas legales y de defensa disponibles para abordar esta crisis y proteger la salud y la seguridad de las comunidades en ambos lados de la frontera.
