La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta relación con una red de contrabando de combustible, no tiene un trasfondo político. Sino que deriva de una investigación criminal iniciada tras el hallazgo de ferrotanques con hidrocarburos de procedencia irregular.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las indagatorias apuntan a una empresa dedicada a la importación de combustibles, cuyo principal accionista sería Ruffo Appel.
Investigación surgió tras hallazgo de 33 ferrotanques
Sheinbaum detalló que la FGR amplió las investigaciones luego del aseguramiento de 33 ferrotanques con combustible presuntamente importado de manera irregular.
Explicó que las diligencias incluyeron inspecciones, toma de muestras y diversos peritajes para reconstruir la cadena logística del hidrocarburo.
“La investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto”, señaló.
Como parte de las indagatorias también fueron identificados otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Estas presentaban características similares de importación irregular.
Fiscalía ha reunido 96 datos de prueba
La presidenta indicó que la Fiscalía integra, hasta ahora 96 datos de prueba. Entre ellos dictámenes de química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía y criminalística. Lo anterior con el objetivo de determinar la naturaleza del combustible asegurado, la capacidad real de los ferrotanques y documentar los hallazgos obtenidos durante la investigación.
Asimismo, recordó que la FGR también mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles. Entre ellas la del buque tanque asegurado meses atrás, caso que derivó en la detención de presuntos involucrados, incluidos integrantes de la Secretaría de Marina.
“No tiene nada de político”
Al ser cuestionada sobre el caso, Sheinbaum afirmó que Ruffo Appel podrá ejercer los recursos legales que considere pertinentes. Sin embargo, insistió en que el proceso responde únicamente a una investigación ministerial.
“No tiene nada de político. Es sencillamente una investigación criminal que realizó la Fiscalía General de la República a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados. Y de toda la investigación documental que continúa desarrollándose”, sostuvo.
La mandataria agregó que, de acuerdo con la FGR, el daño patrimonial derivado de estas investigaciones podría ascender a más de 4 mil millones de pesos. Aunque la causa penal que actualmente se judicializa corresponde a un monto cercano a 100 millones de pesos.
