La Sindicatura Procuradora de Tijuana informó que se encuentra investigando una denuncia por presunta corrupción relacionada con el trámite de permisos para la realización de una corrida de toros en la ciudad, luego de que un particular acusó a funcionarios municipales de haberle solicitado dinero a cambio de otorgarle la autorización correspondiente.
De acuerdo con la sindicatura, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el Consejo Nacional Taurino, el cual manifestó haber presentado ante el ayuntamiento los permisos correspondientes para el evento y señaló que se trataba de una situación interna del gobierno municipal, por lo que dichos permisos debían respetarse.
Posteriormente, el exsecretario de Gobierno emitió una declaración pública en la que aseguró no reconocer la firma contenida en esos permisos, y presentó una denuncia en contra del particular señalado como responsable de gestionarlos.
Tras la denuncia del exsecretario, el particular acusado presentó, a su vez, una denuncia en contra del Ayuntamiento de Tijuana, en la que hizo señalamientos directos contra funcionarios municipales. Según la sindicatura, este particular manifestó que fue citado en puntos fuera del Palacio Municipal, donde le habrían solicitado una cantidad de dinero a cambio de otorgarle el permiso.
El denunciante aceptó haber entregado un primer pago de 100 mil pesos y, posteriormente, un segundo pago por la misma cantidad, luego de que le fue solicitado un monto adicional. La sindicatura precisó que ambos pagos no están reconocidos por el ayuntamiento y que se trataría de “un esquema entre particulares”.
La sindicatura señaló que existen dos personas identificadas como presuntos empleados del municipio, a quienes se les atribuye haber solicitado las dádivas; sin embargo, aclaró que el propio denunciante reconoció haber ofrecido y entregado ese dinero, lo que según explicó la autoridad podría limitar su posibilidad de exigir después algún tipo de indemnización por la vía correspondiente.
Actualmente, la sindicatura está a la espera de que la dependencia municipal confirme, en un plazo de cinco días hábiles, si la persona señalada como presunto empleado cuenta o contó con algún nombramiento dentro del gobierno de Tijuana.
La investigación se realiza de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, instancia ante la cual el exsecretario de Gobierno también presentó su denuncia. De acuerdo con la sindicatura, este trabajo conjunto permitiría avanzar en diligencias como el cotejo de firmas mediante peritaje. La autoridad indicó, además, que asesorará al denunciante para que acuda a la Fiscalía y dé seguimiento a la vía penal del caso.
