“Solo es el comienzo”: Asegura titular de la DEA sobre acusaciones contra Rocha Moya

“Solo es el comienzo”: Asegura titular de la DEA sobre acusaciones contra Rocha Moya

Terrance Cole afirmó que los políticos que colaboran con los cárteles de drogas son igual de culpables que los criminales por “envenenar a los estadounidenses”

Por San Diego Red el mayo 12, 2026

El titular de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, declaró recientemente que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son “solo el comienzo de lo que se viene para México”.

Durante una comparecencia con senadores de Estados Unidos, el senador republicano de Louisiana, John Kennedy, lo cuestionó sobre el caso del mandatario sinaloense, a lo que el director de la DEA se limitó a señalar que los políticos que apoyan a los cárteles son igual de culpables de envenenar los estadounidenses.

No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios de México han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, comentó Cole al respecto. 

Estas declaraciones surgen poco después de que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rubén Velasco, informara que Estados Unidos aún no ha dado respuesta a la solicitud que hizo México sobre la entrega de evidencias, tanto contra Rocha como de los otros 9 funcionarios acusados.

La Fiscalía de Nueva York ‘soltó la bomba’ a finales de abril, cuando hizo públicas las acusaciones contra el gobernador sinaloense por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. También resultaron acusados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez y el senador Enrique Inzunza. 

Entre las acusaciones de parte de Estados Unidos destacan su presunta colaboración con el grupo de ‘Los Chapitos’, una facción ligada al Cártel de Sinaloa, para introducir fentanilo, cocaína y metanfetamina al país americano.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a inicios de este mes que no llevarían a cabo detenciones preventivas a los políticos implicados bajo el argumento de que “no hay ninguna evidencia” para llevar a cabo tal protocolo, aun con una solicitud de extradición pendiente.

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