Expuso que de manera rutinaria la autoridad electoral emplaza a todas las partes denunciadas, en este caso funcionarios públicos, y generalmente “las partes involucradas atienden estos citatorios a través de sus oficinas jurídicas y es posible que, inclusive, las desahoguen por escrito”.
Esto después de trascender que el Ejecutivo Federal, así como la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, estaban llamados a responder el citatorio de la investigación contenida en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019 de la Unidad Técnica de lo Contencioso.
Esto fue lo que publicó el INE en sus redes sociales:
El citatorio que se dio tras la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de AMLO y diversos funcionarios denominados Servidores de la Nación.
Ello por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante la indumentaria y accesorios como chalecos, gorras, mochilas y gafetes, utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales.
El pasado 8 de agosto, el Dirigente Nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, destacó que se recabaron mil 500 pruebas certificadas en las que se detalla cómo los servidores públicos entregan apoyos de las dependencias federales a nombre de AMLO, lo que viola el Artículo 134 de la Constitución sobre la propaganda personalizada.
A través de una nota informativa, el INE dio a conocer que el 17 de agosto pasado la Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedente la adopción de medidas cautelares que ordenaron la suspensión inmediata del uso del nombre del presidente en dicha indumentaria y accesorios.
La medida fue acatada públicamente por el titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, es obligación legal de la Unidad Técnica de lo Contencioso seguir el curso de la investigación independientemente de la adopción de medidas cautelares.
*Vía Reporte Índigo.
