SAN DIEGO.- La extorsión y fraude telefónico es un delito a la alza en el Condado de San Diego cuyo origen radica en su mayoría del otro lado de la frontera.

De acuerdo a información de la fiscalía del condado, los casos de extorsión telefónica han incrementado en los últimos años y cada mes se reciben cerca de 100 denuncias por esta modalidad de fraude.

Según Jesse Navarro, vocero de la fiscalía, cerca del 90 por ciento de las llamadas de fraude o extorsión que se reciben en San Diego provienen de México, siendo más de la mitad de ellas de Baja California.

Inclusive, el funcionario informó que el pasado fin de semana se tuvieron diez casos en el área de Oceanside, en los cuales, las pérdidas económicas ascienden a más de $10 mil dólares.

Mencionó que en estos incidentes, los delincuentes se hacían pasar por familiares o hablaban en nombre de ellos y engañaban sobre una supuesta emergencia médica o informaban que sus seres queridos estaban en la cárcel y necesitaban dinero para quedar en libertad.

Navarro señaló que aunque no se descarta que algunas de ellas provengan de cárceles, es algo que no se puede determinar con exactitud.

Esto luego de que un reporte de la asociación no lucrativa del Consejo de la Ley y los Derechos en México, diera a conocer que el 95 por ciento de las llamadas de extorsión en dicho país proviene de las cárceles.

Baja California ha dejado claro que no quiere ser parte de la estadística.

Tal y como se había dado a conocer en febrero, el pasado jueves autoridades del estado dieron un recorrido a medios de comunicación de ambos lados de la frontera para mostrar algunas transformaciones que se dieron en "La Peni" de La Mesa.

Entre ellas, destaca la colocación de 23 inhibidores de comunicación celular.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mencionaron en dicha presentación que el sistema de origen israelí tiene un costo alrededor de los $20 millones de pesos, según Jesús Héctor Grijalva, director del Sistema Penitenciario a nivel estatal.

"La implementación del sistema no es para solucionar un problema que se tenga en la penitenciaria, más bien es prevención para que esto no ocurra", declaró el funcionario luego de un recorrido a medios de comunicación en el Centro de Readaptación Social (Cereso) en La Mesa.

De acuerdo al funcionario, la apodada "Peni" de Tijuana será la primera a nivel nacional en contar con este tipo de tecnología.

Dichos artefactos impiden realizar o recibir llamadas desde cualquier tecnología móvil y son monitoreados desde un centro a nivel estatal, por lo que no pueden ser controlados por ningún funcionario al interior del penal.

"El compromiso es que no exista posibilidad alguna de que en los centros penitenciarios del estado se puedan hacer este tipo de llamadas", recalcó el funcionario.

Señaló que lo anterior ya es una realidad en la penitenciaría de La Mesa, y sobre los teléfonos públicos ahí, dijo que éstos cuentan con una leyenda que alerta a los que reciben la llamada sobre la proveniencia de la misma.

Dijo que los teléfonos públicos instalados en el centro cuentan con una grabación que al momento que hacen contacto con otra persona, le advierte a ese individuo que esa llamada proviene de un centro penitenciario y si es su deseo continuar con la llamada adelante, sino simplemente cuelga.

Grijalva mencionó que a pesar que los celulares son considerados artículos prohibidos en la penitenciaria, muchos logran ingresar a través de familiares de los reos.

Al mes, custodios logran decomisar entre 20 y 30 teléfonos celulares que ingresaron de manera ilícita al penal.

A pesar de ello, el funcionario enfatizó que en estos casos, los familiares introducen estos artefactos no por fines de extorsión, sino para

compartir algún tipo de información como fotografías o videos con sus seres queridos.

Sobre la prevención de casos de extorsión y fraude, el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa, mencionó que la instalación de inhibidores en las penitenciarías es apenas un primer paso.

Actualmente, el 60 por ciento de las cárceles en Baja California cuentan con este sistema, y se espera para el próximo año, la tecnología sea aplicada en los Cereso tanto de Mexicali como Ensenada, los dos de menor población en el Estado.

Aunque no dio cifras exactas, el funcionario estatal reportó que en los últimos meses han observado un declive del 20 por ciento en casos de extorsión en Baja California.