El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló recientemente que una ciudadana mexicana fue declarada culpable de haber organizado un falso secuestro en Los Ángeles, California.
Por medio de un comunicado, las autoridades señalaron que la acusada identificada como Yuriana Julia Peláez, de 43 años de edad, vivía en el condado californiano en situación irregular, cuando según ella fue detenida por agentes federales mientras se encontraba a bordo de su coche.
Los hechos ocurrieron en junio 2025, cuando Peláez denunció ante una persona de migración que estaba cerca de un restaurante de comida rápida al momento del arresto. También declaró que los elementos encendieron las luces contra ella y amenazaron con romperle la ventana.
Semanas después, la mexicana llamó por teléfono a un integrante de una organización especializada en la defensa de los derechos de inquilinos, asegurando que la habían llevado a San Ysidro, donde la presionaron para firmar documentos de desalojo junto a otros migrantes.
Horas después del 27 de junio, realizó otra llamada donde afirmó haber sido trasladada a un almacén ubicado en un lugar desconocido. Señaló que permaneció retenida contra su voluntad en ese lugar con otras personas, por un tiempo desconocido.
Todo un movimiento para encontrarla
Activistas se manifestaron el 30 de junio del 2025 en Los Angeles para exigir su liberación a través de una rueda de prensa, todo mientras ella permanecía oculta en Bakersfield.
A principios de julio viajó al condado de Tulare, donde le mintió a una persona diciendo que la patrulla fronteriza la acababa de dejar y le había pedido que fuera testigo para una demanda contra la agencia.
Con el propósito de dar credibilidad a su versión, Yuriana Peláez modificó su apariencia e incluso se hizo tomar fotografía para evidenciar los supuestos maltratos sufridos durante su secuestro.
Entre el 3 y el 5 del mismo mes, apagar sus teléfonos y se dedicó a evadir a las autoridades, esto aún cuando fue informada de que estaban iniciando un búsqueda por ella financiada con recursos públicos.
El próximo 8 de febrero del 2027 está fijada la audiencia donde se revelará la sentencia de la imputada, esto tras haber sido declarada culpable de un cargo de conspiración para impedir, obstruir, perjudicar y frustrar las investigaciones de Seguridad Nacional dentro de la jurisdicción federal, pudiendo enfrentar una pena máxima de 5 años de prisión.
