El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó en Hawthorne, California, a Enrique Martínez Chávez, de 32 años, quien está relacionado con el caso Ayotzinapa. De acuerdo con la información difundida por la agencia estadounidense, el detenido es buscado por la justicia mexicana por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, cargos que habría cometido mientras se desempeñaba como miembro activo del Ejército.
Las autoridades de la Unión Americana confirmaron que el exmilitar “permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa”, haciendo alusión a su posterior proceso de repatriación.
La captura fue ejecutada por agentes de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) pertenecientes a la sede de Los Ángeles. Según el reporte oficial, Martínez Chávez cruzó a territorio estadounidense de manera irregular en un punto y fecha aún no determinados, evadiendo los controles de inspección migratoria.
Con este arresto, se añade un nombre más a la lista de integrantes de las Fuerzas Armadas bajo la mira por los trágicos sucesos de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. A la fecha, las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) contemplan múltiples expedientes abiertos en contra de efectivos militares de diversas jerarquías por cargos graves que incluyen delincuencia organizada y desaparición forzada.
Este golpe judicial se registra en medio de un complejo panorama de movimientos legales en territorio mexicano. Con base en datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la unidad especial de la FGR enfocada en el caso Ayotzinapa requirió a un juzgado federal las copias certificadas respecto a la cancelación de varias órdenes de aprehensión, así como la notificación formal sobre la destitución de los abogados gubernamentales que originalmente operaban el expediente.
Dicha organización civil precisó que los 21 mandamientos de captura que terminaron revocados formaban parte de un bloque inicial de 83 órdenes autorizadas por un tribunal penal asentado en Toluca, Estado de México. Aquel paquete original de requeridos incluía a 20 mandos y elementos de tropa de los batallones 27 y 41 del Ejército, además de servidores públicos de Guerrero, decenas de policías municipales de demarcaciones como Huitzuco, Iguala y Cocula, oficiales estatales y supuestos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
¿Qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa?
El expediente oficial indica que un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa arribó a la ciudad de Iguala con el propósito de tomar unidades de transporte público para trasladarse a una movilización en la capital del país. Durante el trayecto de salida, los autobuses en los que viajaban los estudiantes fueron interceptados de forma simultánea en distintos puntos del municipio por agentes de la policía local y civiles armados, quienes abrieron fuego contra vehículos.
La agresión en distintos puntos del municipio culminó con la detención y desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa.
