Una corte civil en Miami, Florida, ordenó al exsecretario de Seguridad Pública de México, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar un total de 2,488 millones de dólares al gobierno mexicano, tras encontrarlos responsables de participar en un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos.
La sentencia se desglosa en 748 millones de dólares contra García Luna y 1,740 millones contra Pereyra, como resultado de una demanda civil presentada por el gobierno mexicano en 2021. La administración federal acusó a ambos de haber utilizado una red de empresas fantasmas para desviar fondos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Entre las principales acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentran la siguientes:
- Contratos manipulados: García Luna presuntamente adjudicó contratos de manera irregular para beneficiar a determinadas empresas.
- Transferencias internacionales: Los fondos obtenidos presuntamente fueron enviados a Estados Unidos para encubrir su origen.
- Lavado de dinero: Parte de los recursos habrían sido canalizados a través de empresas fachada y cuentas bancarias personales en Florida.
- Uso indebido de recursos públicos: La UIF documentó cómo el dinero público terminó siendo parte del patrimonio de García Luna y su familia.
El caso de García Luna
Genaro García Luna fue uno de los funcionarios más poderosos en materia de seguridad en México durante los gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón. Se desempeñó como:
- Director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de 2001 a 2006.
- Secretario de Seguridad Pública Federal de 2006 a 2012, cargo desde el cual tuvo control directo con la Policía Federal.
En diciembre de 2019, arrestaron a García Luna en Texas y trasladado a Nueva York. En febrero de 2023, un jurado federal lo declaró culpable de cinco cargos, incluyendo: falsedad de declaraciones, conspiración para traficar cocaína y participar en una empresa criminal continua.
El juicio reveló que recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, a cambio de permitirles operar libremente, sin persecución por parte del Estado mexicano. Finalmente en 2024, el juez del caso en la Corte de Distrito Este de Nueva York dictó sentencia condenatoria y según reportes lo condenaron a entre 38 y 40 años de prisión.
