La diputada Evelyn Sánchez, representante del Distrito XI de Tijuana en el Congreso de Baja California y parte de la comunidad indígena, explicó que su interés por los derechos de los pueblos indígenas nace desde 2012, cuando siendo estudiante universitaria en el CUT comenzó a hacer activismo desde el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, organización que trabaja en Tijuana, San Diego, Los Ángeles, Nueva York y otros estados de Estados Unidos.
Sobre la Iniciativa de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la legisladora señaló que lo que la distingue de esfuerzos anteriores es el contexto político actual: muchas de las reformas impulsadas desde que Andrés Manuel López Obrador comenzó a visibilizar a las comunidades indígenas no lograban aprobarse por falta de mayoría en el Congreso de la Unión. Ahora, dijo, con la mayoría que tiene la presidenta de la República en el Congreso, sí existen los votos necesarios para impulsar un cambio estructural en la materia.
De acuerdo con Sánchez, ese cambio estructural consiste en que los pueblos indígenas dejen de ser considerados “objetos” y pasen a ser reconocidos como sujetos de derecho público. La diputada explicó que, en la actualidad, si esa condición no está establecida en la Constitución, la atención a las problemáticas de las comunidades indígenas depende de la voluntad del poder ejecutivo en turno (ya sea a nivel estatal o municipal): si el gobierno decide atender esas políticas públicas, se atienden; si no, quedan en rezago.
Sánchez explicó que el proceso de consulta previa, libre e informada ya cumplió su primera etapa, realizada hace dos semanas de manera simultánea en distintas sedes. De acuerdo con la legisladora, una vez que las comunidades presentan sus propuestas en las mesas de trabajo (un ejercicio que toma alrededor de diez horas), se realiza una plenaria donde cada actor expone lo acordado.
Según explicó, esta plenaria es el mecanismo que garantiza que las propuestas se reflejen en la versión final: si una propuesta de alguna comunidad, como la triqui, la zapoteca o la mixteca, no queda asentada en esa presentación, no se incorpora al proyecto.
Una vez alcanzado el consenso, las autoridades tradicionales firman el documento y el proyecto se envía a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, encabezada por María Luisa Alcalde Luján, encargada de darle forma jurídica a las propuestas recopiladas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Sánchez subrayó que este mecanismo ya se aplicó anteriormente en Baja California, y que de ese ejercicio surgió la reforma constitucional estatal en materia de pueblos indígenas y afromexicanos.
La respuesta de la comunidad indigena
La diputada Evelyn Sánchez, reconoció que, pese a los avances, “hay mucho que trabajar” y que se trata de un proceso. Explicó que para las comunidades originarias de Baja California, como los yumanos, existe el Plan de Justicia de los Pueblos Yumanos, que busca atender demandas relacionadas con el territorio, la electrificación y el agua, temas que, dijo, corresponden atender tanto al estado como a la federación.
Para el caso de comunidades asentadas en la entidad desde hace más de veinte años, como los triquis, mixtecos y zapotecos de distintas regiones, la diputada señaló que uno de los principales obstáculos es la falta de traductores e intérpretes en instituciones como la Fiscalía y las delegaciones, lo que dificulta el acceso a la justicia.
De acuerdo con la legisladora, el principal reclamo de las comunidades indígenas es la falta de sensibilidad y capacitación de las y los funcionarios públicos, así como de quienes imparten justicia, como fiscales, jueces y magistrados.
¿De qué trata la Propuesta de Iniciativa de esta Ley General?
Tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que ejerzan su libre determinación y autonomía, y participen en la vida pública nacional.
Los sujetos de la Ley son los 69 Pueblos Indígenas y el Pueblo Afromexicano, que están conformados por 16,728 Comunidades, con una población autoadscrita de 25.8 millones de personas, que representan el 20.5% de la población nacional.
