Se ha dado a conocer que el gobierno de Estados Unidos está aceptando pagos por procesamiento de visas y beneficios migratorios de ciudadanos de ciertos países, a pesar de que se tiene prohibido procesar dichas solicitudes por orden ejecutiva.
Gobierno de Estados Unidos recibe millones de dólares por solicitudes de visas que no serán procesadas.
Dicha información fue compartida por David J. Bier, quien es el director de estudios de inmigración en el Instituto Cato y un reconocido experto en políticas fronterizas.
En su artículo, detalla que lo que llamó como “el mayor fraude en la historia del sistema de inmigración estadounidense” durante su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos en febrero del presente año, supera ganancias de más de $1,000 millones de dólares.
Se detectan tres directrices principales causantes de este problema:
- El presidente Donald Trump prohibió la entrada de ciudadanos de 40 países; sin embargo, a pesar de esta medida, Bier asegura que se le instruyó a cónsules a no avisar a los solicitantes antes de la entrevista, esto con el fin de seguir pagando las cuotas.
- Se extendió el veto a personas que ya se encuentran en Estados Unidos, afectando permisos de trabajo y residencias permanentes.
- El Departamento de Estado congeló las visas de inmigrantes pertenecientes a 75 países, bajo el argumento sin evidencia, según Bier, de que los ciudadanos consumen mucha “asistencia social”.
“La justificación legal es que los inmigrantes deben demostrar que no son propensos a convertirse en una carga pública. Sin embargo, esta es una evaluación individualizada, no grupal. No existe ninguna ley que autorice una prohibición general a todos los inmigrantes en función de las tasas de utilización de la asistencia social de su nacionalidad”, asegura Bier.
Como resultado, se han bloqueado millones de solicitudes y más de medio millón de potenciales residentes legales están “en el limbo”, entre las personas más afectadas se encuentran quienes provienen de Cuba, Venezuela, Nigeria, Afganistán, Haití e Irán.
En el texto, pone como ejemplo los procesos que un ciudadano estadounidense realiza para cambiar el estatus migratorio de su cónyuge, donde los costos pueden sumar más de $2,675 dólares brindados a las autoridades, todo esto a cambio de que las mismas no presten los servicios exigidos por la ley.
