Advierten un posible cierre de carriles en las garitas de Otay y San Ysidro si los agentes de CBP se quedan sin permiso para usar el campo de tiro local. La falta de este recinto obligaría al personal a recorrer cientos de kilómetros para sus entrenamientos de armas, reduciendo la presencia de oficiales en los cruces.
Esto se debe a que recientemente la Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó a favor de rescindir los acuerdos que permitían a las agencias federales de inmigración, incluidas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), utilizar las instalaciones de entrenamiento de armas de fuego del condado.
El tema ha generado preocupación en la región fronteriza debido a que los oficiales de CBP deben mantener vigentes sus certificaciones en el manejo de armas como parte de sus funciones, de no tener acceso a la instalación más cercana, CBP advirtió que los oficiales tendrían que alejarse de los puertos de entrada por periodos más prolongados, lo que derivaría al cierre de carriles y aumento en los tiempos de espera en los cruces fronterizos entre San Diego y Baja California.
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Otay Mesa enfatizó la importancia de proteger la eficiencia de los puertos de entrada y evitar interrupciones que puedan afectar a los miles de viajeros que diariamente utilizan las garitas para cruzar.
Además de los carriles vehiculares, las autoridades advirtieron que la falta de personal podría obligar al cierre temporal de la garita peatonal PedWest en San Ysidro. Esto sumaría complicaciones a la movilidad transfronteriza y afectaría la economía, el turismo y a los comercios locales de ambos lados de la frontera.
Por ahora, la excepción otorgada por la Alguacil para que los agentes de CBP sigan utilizando el campo de tiro de Otay le da un alivio inmediato a las operaciones fronterizas; sin embargo, la situación a largo plazo sigue siendo incierta.
El acuerdo vigente con CBP vencerá en aproximadamente ocho meses, y hasta el momento no está claro si las autoridades locales permitirán renovarlo o si la agencia federal tendrá que buscar un recinto de entrenamiento alternativo para evitar el colapso en las garitas.
Por su parte, las promotoras de la medida en la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer y Paloma Aguirre, calificaron de infundadas las advertencias sobre los retrasos en las garitas. Las funcionarias argumentaron que las agencias federales cuentan con presupuestos multimillonarios otorgados por el Congreso con los que podrían financiar sus propias instalaciones de entrenamiento, y señalaron que la advertencia de cierres y afectaciones económicas es solo una táctica para infundir miedo en la comunidad.
Asimismo, Lawson-Remer y Aguirre sostuvieron que, aunque los acuerdos no violaban técnicamente las políticas del condado contra el apoyo a la aplicación de leyes federales de inmigración, sí vulneraban el espíritu de dichas normativas.
“Cuando los residentes temen que las instalaciones del Condado estén vinculadas a la aplicación de las leyes de inmigración, es menos probable que busquen servicios de salud pública, denuncien delitos o recurran a los sistemas de respuesta a emergencias, lo que mina la capacidad del Condado para responder a las necesidades comunitarias”, señalaron las supervisoras, concluyendo que rescindir estos convenios garantiza que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder a los servicios locales sin temor.
