Marco Antonio López-Guerrero, quien fue extraditado previamente de México a Estados Unidos, se declaró culpable ante un tribunal federal por su participación en una conspiración para ingresar metanfetamina a territorio estadounidense, tras una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
Según los documentos del acuerdo de culpabilidad, López-Guerrero estaba al frente de una organización criminal con operaciones en México, que reclutaba a adolescentes y mujeres jóvenes para utilizarlas en el traslado de metanfetamina hacia Estados Unidos.
Además, reconoció que la agrupación empleaba aeronaves ultraligeras para transportar drogas a través de la frontera, entre ellas metanfetamina y fentanilo. Las operaciones de la organización permitieron introducir al país más de 180 kilogramos de metanfetamina, 19 kilogramos de fentanilo y dos kilogramos de heroína.
Como parte de las actividades ilícitas, López-Guerrero también aceptó haber coordinado el contrabando de dinero, armas de fuego y municiones desde Estados Unidos hacia México.
La acusación está a cargo del fiscal federal adjunto Paul Benjamin, mientras que el exfiscal federal adjunto Lawrence Casper participó de manera importante en las investigaciones y el proceso judicial.