Con el propósito de crear el delito de corrupción inmobiliaria y que sea castigado con hasta 20 años de cárcel, el diputado Jaime Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California.
Esta reforma busca frenar prácticas que afectan el patrimonio de las familias, perjudican el derecho a una vivienda digna y fomentan redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
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Cantón Rocha afirmó que la reforma incorpora, por primera vez en Baja California, la corrupción inmobiliaria para ser considerada y castigada como un delito grave.
Las penas de prisión
Y que sea castigada con penas que pueden ir desde los 10 hasta los 20 años de prisión, para funcionarios que propicien edificaciones ilegales o la construcción sin cumplir requisitos legales, así como a personas que participen en esas obras.
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Asimismo, establece que, cuando estas conductas afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda, las penas por delitos como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias, deberán duplicarse, debido a la gravedad que implica dejar a una persona sin hogar.
“Para llevar a cabo un despojo, además de la ocupación material ilegal de la vivienda, se requiere de planeación, se requiere de la articulación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan, toleran y con ello, preparan el despojo, quienes a lo largo del tiempo han quedado impunes”, explicó el legislador.
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Fenómenos documentados en México y Baja California
La propuesta responde a fenómenos documentados en México y Baja California, como el denominado “cártel del despojo” y envía un mensaje contundente: en Baja California la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada y pasará a ser un delito grave.
“Con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”, subrayó Cantón Rocha.
