Un reciente fallo de la Corte Suprema ha originado una serie de demandas colectivas a nivel nacional, manifestándose encontra de la orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por nacimiento. La medida impulsada por el presidente Donald Trump busca poner fin a la concesión automática de ciudadanía a los hijos de inmigrantes sin estatus legal nacidos en Estados Unidos y ha generado gran inconformidad.
La situación se intensificó pocos días después de que la Corte Suprema determinara que las demandas colectivas son la única vía legal para bloquear políticas presidenciales a escala nacional.
En cuestión de horas, múltiples organizaciones de derechos civiles activaron nuevos recursos legales para impedir que la orden de Trump entre en vigor, según informó The Washington Post. Abogados que representan a demandantes en New Hampshire y Maryland no tardaron en desafiar directamente la orden ejecutiva.
Estados demócratas se oponen a la medida
El intento de la administración Trump de detener la ciudadanía por derecho de nacimiento a inicios de este año, encontró una oposición inmediata en estados en su mayoría liderados por demócratas, quienes sostienen que la ciudadanía por nacimiento es un derecho garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, promulgada en 1868.
Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este caso, enfatizó la inconstitucionalidad de la orden: “Todos los tribunales que han analizado esta cruel orden coinciden en su inconstitucionalidad. La decisión de la Corte Suprema no sugirió en absoluto lo contrario, y luchamos para garantizar que el presidente Trump no pueda pisotear los derechos de ciudadanía de un niño”.
Cabe destacar que, el fallo no abordó directamente la constitucionalidad del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Por lo tanto, es probable que este aspecto llegue nuevamente a la Corte Suprema en el futuro.
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