Con el objeto de garantizar que la imagen institucional del gobierno de Baja California sea neutral, austera y desvinculada de cualquier identidad partidista, el diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros presentó una reforma a la Constitución Estatal.
Su pretensión es que se evite el uso de colores asociados a partidos políticos, con el fin de asegurar el uso imparcial y eficiente de recursos públicos, fortalecer la identidad institucional del Estado y cumplir con los principios de legalidad, equidad y transparencia.
El Legislador del Partido Revolucionario Institucional mencionó que la propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
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Propaganda institucional neutral
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido enfáticos en señalar que, en ningún caso, la propaganda institucional podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.
Humberto Valle añadió que, al pintar el equipamiento urbano con los colores de un partido político, se está utilizando un símbolo de identidad partidista como mecanismo de promoción.

Lo anterior vulnera el principio de equidad y el derecho de la ciudadanía, a recibir información gubernamental neutra.
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Ley del uso del escudo y canto de Baja California
Baja California cuenta con la Ley que Regula el Uso y Fomento del Escudo y Canto del Estado Libre y Soberano de Baja California, última reforma publicada en 2013.
Y aunque esta ley define las características del escudo oficial, ha sido insuficiente para contener las ambiciones de marketing de los distintos gobernadores.
El escudo estatal es, por ley, el símbolo obligatorio en la papelería y vehículos, pero la normativa vigente carece de una prohibición explícita sobre el uso de colores secundarios o de fondo que alteren la percepción de dicho símbolo.
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Cambio constante de imagen
Desde una perspectiva de finanzas públicas y disciplina financiera, el cambio constante de imagen es un despropósito.
La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Baja California, propuesta recientemente, busca eliminar gastos no esenciales para redirigirlos a salud y seguridad.

Sin embargo, no se ha cuantificado con precisión el impacto de repintar cada seis años, los miles de kilómetros de guarniciones, y las oficinas de gobierno.
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En razón de lo anterior, consideró que: “de aprobarse la presente iniciativa, se dará la instrucción para crear la Ley que regula la Imagen Institucional del Estado, en un plazo establecido en los transitorios en su caso, para que de manera conjunta las instituciones de gobierno, así como los legisladores en conjunto, construyamos una Ley digna a la imagen que representa nuestro Estado”.