La diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa que tiene como propósito reconocer y respaldar a quienes dedican parte importante de su vida al cuidado de familiares sin recibir remuneración.
La propuesta busca reformar la Ley de Asistencia Social y la Ley de Desarrollo Social, ambas para el Estado de Baja California.
El proyecto busca que las personas cuidadoras en situación de vulnerabilidad económica tengan acceso preferente a programas sociales y puedan recibir apoyo económico.
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¿A quiénes contempla la iniciativa?
Contempla a quienes cuidan a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores o personas con alguna enfermedad, para reconocerlas como población prioritaria dentro de la política social del Estado.
La legisladora indicó que el apoyo económico contribuirá a que las personas cuidadoras también cuenten con alternativas para estudiar, trabajar o desarrollar otras actividades cotidianas.
Además de avanzar hacia una distribución más corresponsable de las tareas de cuidado y evitar que esta responsabilidad recaiga exclusivamente en las familias.
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Acceso a programas de asistencia social
Esta iniciativa también propone que las personas cuidadoras no remuneradas y en situación de vulnerabilidad tengan acceso preferente a los programas de asistencia social.
Asimismo, plantea incorporarlas entre los sectores prioritarios de los programas de apoyo económico y alimentario previstos en la legislación estatal.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo citados en la iniciativa, en Baja California el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa en promedio 56.6 horas semanales por persona y a nivel nacional.
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Las personas cuidadoras en México
Las mujeres destinan en promedio 39.7 horas semanales a estas actividades, frente a 18.2 horas de los hombres.
Michel Sánchez señaló que las labores de cuidado son indispensables para el bienestar social.
Sin embargo, durante décadas gran parte de este trabajo se ha realizado dentro de los hogares sin remuneración, seguridad social o mecanismos suficientes de protección, lo que representa una carga para quienes asumen estas responsabilidades.
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De aprobarse la reforma, el Poder Ejecutivo del Estado tendría un plazo de 180 días para instrumentar un programa social dirigido a personas cuidadoras no remuneradas en situación de vulnerabilidad económica, sujeto a la disponibilidad presupuestaria que determine la Secretaría de Hacienda estatal.
